El PP pregunta si habrá medidas al ordenar el juez el cierre de la residencia universitaria

El futuro de la residencia universitaria "As Burgas", en la zona de las Lagunas, está en manos de la justicia, y en concreto del recurso que presentó el Concello de Ourense ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense que ordena la clausura y el precinto de las mismas. Una situación que llevó consigo una cruce de acusaciones entre el grupo municipal del Partido Popular y el gobierno socialista.

De ahí que la edil popular, Mónica Mourelo, plantease en el pleno del pasado viernes a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, una batería de preguntas, ante la "gravedad de los hechos", sin obtener respuesta alguna, al proclamar el alcalde, Agustín Fernández, que "se les contestará por escrito" y siguiendo los cauces reglamentarios.

Una de las cuestiones más relevantes que planteó Mourelo es la de conocer si el gobierno socialista tiene previsto tomar medida alguna respecto a la seguridad de la residencia universitaria mientras se interpone el recurso y no hay resolución del alto tribunal gallego. Una medida "preventiva por lo que pueda pasar", advierte.

También aludía la edil popular a que cómo es posible que si existía una denuncia sobre la legalidad de la residencia de 2009, por parte de la edil de Urbanismo no se hizo nada para impedir su funcionamiento ilegal, sobre todo cuando ahora se conoce la sentencia del titular del Juzgado Contencioso Administrativo que ordena su clausura y precintado.

Y reclama a Soto que explique por qué dio en su momento licencia de ocupación y apertura sin el cumplimiento por parte de la empresa del proyecto de urbanización en esa zona donde se asienta. Así como si esa licencia se otorgó con los preceptivos informes de Ingeniería.

La culpa del PP

Y aunque Áurea Soto evitó responder a las preguntas de los populares, con anterioridad, en una comparecencia pública, arremetió contra el PP, al que acusó de ser los responsables de esta situación, ya que durante su mandato fueron los que concedieron licencia. Para cargar contra la empresa Casas Ourense por la denuncia presentada, por entender que es una "venganza" por otras cuestiones.