Un chófer renovado durante los últimos 15 años por la Diputación de Ourense hasta que fue despedido en octubre, tras encadenar sucesivos contratos temporales, también ha ganado su pleito laboral contra la administración provincial, condenada a readmitirlo o a indemnizarle. El camionero compatibilizaba tareas de palista y basurero en la zona de Valdeorras y, según su abogado, "en abuso de poder y fraude de ley". En sus últimos seis contratos previos, ejemplificó el letrado, ni siquiera se especificaba su destino. Este caso se suma a los ya revelados por FARO de la exconcejala del PP en San Cristovo de Cea cuya plaza, que supuestamente iba a congelarse, fue publicitada hace unos días para promoción interna a trabajadores de la Diputación. Al que era su trabajo optan para las dos puestos en liza de esa categoría un concejal de su partido que testificó en el caso Baltar, así como la pareja de la alcaldesa tránsfuga de Porqueira. La Diputación también ha sido condenada por lo social tras despedir en octubre a un taquillero del Teatro Principal.
Las demandas en el ámbito de lo social contrarias al ente ourensano crecen mientras su situación presupuestaria y financiera sigue maltrecha. Los ingresos procedentes de otras administraciones han caído -este año tendrá que hacer frente en exclusiva, por ejemplo, al plan de obras-, el marco de competencias ha aumentado -asume los servicios sociales en 91 de los 92 concellos ourensanos, todos menos la capital- y la deuda dibuja un largo periodo de amortización hasta poder soltar el lastre actual de 56 millones de euros, casi el 85% del actual presupuesto.
En la agenda, el presidente José Manuel Baltar está decidido a recortar más la plantilla: a la reducción de una treintena de interinos a finales del año pasado y un 21% de plantilla con los ceses de temporales desde que llegó al poder, el sucesor planea aligerar el personal del ente ourensano -que rondó los mil trabajadores en las épocas de bonanza del expresidente y predecesor- hasta rebajar en un 25% el número de trabajadores con respecto al periodo de su padre, al que reprochó por escrito en la memoria que justifica la necesidad de un ERE que hoy se formaliza con la salida efectiva de 24 trabajadores. En todo caso, el coste de nóminas y cotizaciones sociales todavía necesita cuatro euros de cada diez disponibles en las arcas provinciales.
La Diputación tiene sobre la mesa sentencias desfavorables por los despidos que ha llevado a cabo durante los últimos meses -los tres más recientes se refieren al último trimestre de 2012-, y en la casa dan por hecho que el ERE también conllevará pleitos tanto individuales -al menos cinco personas demandarán por supuesta cesión ilegal en ayuntamientos- como colectivos por parte del comité.
Según fuentes destacadas de la administración, la Diputación optará mayoritariamente por la vía de pagar en lugar de realojar a sus antiguos empleados. "En algún caso concreto, porque no todas las sentencias resuelven lo mismo", precisaron las mismas voces, la administración podría optar por recurrir en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los tres últimos casos de despido conocidos hasta el momento admiten recurso.
Una vez notificada la sentencia, el ente ourensano dispone de cinco días de plazo para elegir entre la readmisión en las mismas condiciones previas al despido o bien por indemnizar. En todo caso, en la institución reconocen que "lo más probable es optar por el pago". Uno de los abogados que representa a un extrabajador provincial que ganó el pleito coincide. "Van a optar por la indemnización", vaticina. También asegura que, por su experiencia, "La Diputación paga de inmediato y dentro de plazo. O bien depositan en el juzgado o bien llaman por teléfono para que se recoja el cheque", señala este abogado.
Las cantidades fijadas para el caso de la exconcejala del PP en Cea -edil durante ocho años en el grupo de gobierno del municipio baltarista y fuera de las listas desde 2011- y para el antiguo taquillero suman cerca de 30.000 euros. La exedil encadenó renovaciones desde 2006 y en el caso del extrabajador del teatro de la exnuera de Baltar -solo recuperó un 7% de su coste en taquilla en 2011- estuvo cuatro años encadenando contratos.
De interinos a indefinidos
En estos casos la juez reconoce una relación indefinida y no ha admitido las justificaciones de la Diputación, al explicar el cese por la imposibilidad de cubrir la plaza por la congelación de la oferta pública y la inexistencia de la necesidad que motivó la cobertura de la vacante como interinidad años atrás. Pero la plaza, lejos de amortizarse, siguió ocupada, señala al respecto la sentencia que alude al taquillero, en la que se fija una indemnización de algo más de 12.500 euros.
En la Diputación aseguran que existe "liquidez suficiente para poder paga" todas las indemnizaciones. De decantarse por esta opción, que las partes afectadas señalan como la más probable, la institución ourensana deberá consignar dentro del plazo la cantidad en el juzgado o bien ejecutar el pago de acuerdo a los demandantes. La administración puede recurrir a modificaciones de crédito o transferencias entre partidas -que el propio presidente tiene potestad de autorizar mediante un decreto- y también acudir a remanentes.
Pese a las complicaciones económicas y a que estas indemnizaciones "no estaban en el guión", queda resuello para poder pagar. "No supondrá un problema". Las fuentes señalan como ejemplo de la capacidad de pago el desembolso colectivo para el primer tramo de indemnización a los 24 afectados por el ERE.
Los tres últimos despidos improcedentes reconocidos por la justicia han sido fallados por la magistrada del juzgado de lo Social Dos de Ourense. Más casos personifican los pleitos en cadena contra la Diputación, que prescindió de una treintena de interinos en un lapso coincidente con los ya mencionados. Por ejemplo, el de una contratada como agente de empleo que pasó 11 años en el Concello pagada por la Diputación y denuncia cesión ilegal.
Desde 2001, con un cambio de gobierno y color político incluido de por medio, estuvo trabajando en la consistorial. En su última etapa, incluso, hizo funciones relacionadas con transferencias, ingresos e impuestos del Concello de Ourense. Aquí no hay razón objetiva de cese ni existe tal cesa ni tampoco nos valen razones presupuestarias. Las reclamaciones a la Diputación se pagan así", ilustró su abogado el día del juicio.
