La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, anunció ayer que el Concello de Ourense recurrirá ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Ourense que ordena el cierre de la residencia universitaria As Burgas alegando que el edificio que recibió la licencia de apertura en octubre de 2011 no se corresponde con la que inicialmente se autorizó. Soto explicó que la licencia se concedió en base a informes técnicos y jurídicos favorables cuando la residencia llevaba 10 años funcionando sin ninguna actuación del gobierno municipal anterior. También dijo que las obras de urbanización del solar estaban "doblemente garantizadas" ya que el Concello contó con un aval y con un ingreso en metálico en la Tesorería Municipal. También se consideró que el acceso rodado estaba garantizado, así como el abastecimiento y evacuación de aguas y el suministro eléctrico.

Sin embargo, el fallo judicial que se conoció hace unos días advierte de que el acuerdo de 2011 fue "extraordinariamente arriesgado", sugiriendo incluso una posible "infracción penal" en su aprobación. La concejala no dudó ayer que la oposición aprovechará "para llevarme por la vía penal". De hecho, arremetió duramente contra los grupos que la conforman, PP y Democracia Ourensana, asegurando que los dos "son lo mismo" y que su único interés es "quebrar el ayuntamiento". Es más, apuntó que el objetivo de la oposición es "colapsar" los servicios municipales y paralizar la gestión "para después reprocharnos que no hemos hecho nada". Áurea Soto asegura que "dedicamos mucho tiempo y energía en resolver los asuntos urbanísticos heredados del PP", un grupo que "debería estar avergonzado de su gestión anterior porque ellos secaron las Burgas y son responsables de la anulación del PXOM".

Precisamente, en el caso particular de la residencia universitaria, cuya orden de cierre responde a una demanda presentada por el despacho de Antonio Feijóo en representación de Casas Ourense-Bautista Rodríguez, Áurea Soto explica que tanto la licencia de obra con proyecto básico como la del proyecto de ejecución fueron concedidas en julio de 2000 y enero de 2001, respectivamente, cuando en la ciudad gobernaba el PP. De este modo, acusa al actual grupo municipal "popular" , y en concreto a la edil Mónica Mourelo, de "ocultar intencionadamente" que ambos permisos se otorgaron bajo el mandato de sus siglas. "La falcatruada la cometieron ellos", critica.

Áurea Soto también argumentó que Casas Ourense solicitó en 2010 quedarse con el 100% del aprovechamiento urbanístico de la residencia As Burgas y que el gobierno local se lo denegó. Esta decisión fue ratificada ese mismo año por el TSXG, que obligó a la entidad a ceder el 10% del uso al Concello. Fue entonces cuando Casas Ourense requirió el cierre de la residencia y siguió presentando recursos contra otros ocho expedientes urbanísticos.