José Luis Suárez testificó tras ser señalado por Baltar, su jefe desde que la Diputación se convirtió en su lugar de trabajo en 1998. Suárez fue uno de los opositores vinculados al PP que tuvo que repetir su examen a finales de los noventa por orden del Supremo. Pero a la postre obtuvo una plaza. Su nombre aparece en la inmensa mayoría de tribunales examinadores para resolver los procesos de empleo en la administración ourensana que ahora está soltando lastre, órganos presuntamente condicionados, según la oposición, por la afinidad al baltarismo de sus miembros. Suárez es hijo del alcalde popular de Monterrei y edil de ese mismo ayuntamiento. Su progenitor reiteró fidelidad al exbarón pese a que este apuntó con el dedo inculpatorio a su vástago.

El funcionario formó parte de la comisión negociadora que ha acabado formalizando, frente al rechazo de trabajadores y sindicatos, un despido colectivo para 24 empleados del ente ourensano, el primer ERE en una administración gallega. José Luis Suárez Martínez, quien ya tuvo que responder al fiscal jefe en su investigación previa, fue secretario en la comisión de control de los contratos presuntamente ilegales de José Luis Baltar. El órgano, del que también formaban parte dos diputados del PP y otros representantes proclives al baltarismo, no hizo ningún reparo a las altas e informó favorablemente, una por una. El fiscal reprochó su "omisión y silencio".

Suárez sigue omnipresente con Baltar hijo. El actual presidente lo designó como uno de los dos representantes en la comisión mixta Diputación- Xunta para la contratación de 133 empleos para servicios sociales en el rural. Una veintena, según el PSOE, son vinculados al PP y algunos formaron parte de la lista de 104 altas presuntamente ilegales.