La Cámara de Comercio de Ourense urge al Gobierno central el nuevo marco legal que regule estas instituciones, amenazadas desde que el ejecutivo socialista anterior suprimió la obligación de que todas las empresas realizasen una aportación anual denominada recurso cameral permanente.
Desaparecida esta vía de financiación, que suponía la mitad del presupuesto, y recortadas las partidas que aporta la administración, la supervivencia de estos organismos peligra. Con tal motivo, el organismo celebró ayer un pleno de carácter extraordinario para analizar y debatir la situación.
La cámara de Ourense, según explica el presidente Celso Barbosa, cuenta todavía con un remanente económico que le permite seguir adelante, si bien la "fecha de caducidad está cerca". Con tal motivo, la entidad vive sumida en la incertidumbre, pendiente de una nueva ley que ya había sido comprometida para el último trimestre del año y pospuesta después al primero del ejercicio actual. La espera por el ansiado reglamento, del que no se conoce borrador, mantiene al comité ejecutivo en una situación de estrés.
De hecho, la indefinición financiera les ha llevado a prorrogar el presupuesto de 2012 ya que no solo no conocen cual es el futuro previsto por el Gobierno para las cámaras, sino que tampoco saben con qué partidas económicas van a contar para mantener la actividad.
Ya en 2012, año en el que el recurso cameral permanente solo fue obligatorio para las empresas que facturan más de 10 millones de euros, la cámara ourensana se enfrentó a unos presupuestos con más gastos que ingresos en los que fue necesario recurrir al remanente para cubrir un desfase de 208.148 euros.
Dada esta situación, cursos y actividades hasta ahora gratuitas pasarán a ser de pago, a objeto de incrementar lo máximo posible la que desde 2013 será la única vía de financiación: certificaciones, matrículas, alquiler de espacios o actividades en el Vivero de Empresas, así como subvenciones o aportaciones de organismos públicos.
Celso Barbosa descarta que la complicada situación que vive la Cámara de Comercio de Ourense derive en situaciones similares a las de Lugo o Ferrol, donde los problemas económicos han derivado en una sucesión de dimisiones. "Nosotros todavía podemos actuar porque la cámara está saneada y hay remanente", indicó Barbosa. En todo caso, que el Gobierno central agilice ese nuevo marco legal previsto se ha convertido en una urgencia necesaria.
Los 21 trabajadores que conforman actualmente la plantilla de la Cámara de Comercio ourensana también conviven con la incertidumbre. Especialmente ante la drástica reducción que ha sufrido el colectivo en los últimos meses a nivel nacional.
De los 3.500 trabajadores que llagaron a tener las cámaras en toda España, solo conservan su relación laboral alrededor de mil.
El pleno cameral, integrado por 30 vocales y 6 vocales cooperadores, se reunió ayer a las 20,30 horas con la intención de buscar soluciones que devuelvan la estabilidad a la cámara.
