Una envenenada herencia que José Luis Baltar traspasó involuntariamente a su hijo con el poder de la Diputación de Ourense podría estallarle en las manos al sucesor cerca del ecuador de su primer mandato. El ente provincial, mermado por una deuda viva con los bancos de 56 millones y el desplome de ingresos de otras administraciones, se acercaría al colapso si tuviera que devolver las millonarias ayudas europeas que pudieron manejarse irregularmente. Recién llegado al cargo en febrero de 2012, Manuel Baltar tuvo que gestionar el desembarco de técnicos de la UE al Pazo Provincial para investigar un presunto fraude de subvenciones comunitarias. "A mediados de 2013", un plazo aproximado que acaba de barruntar Europa, concluirán las indagaciones sobre el supuesto mal uso de 16,27 millones de euros de fondos FEDER para financiar más de un centenar de depuradoras de aguas residuales desplegadas, pese a las reticencias de varios alcaldes por el alto coste eléctrico, en pequeños núcleos de población del rural.

El plazo ha sido fijado esta misma semana por la Unión Europea en una respuesta del comisario de Fiscalidad, el griego Algirdas Semeta, tras un requerimiento de información -el segundo en varios meses- formulado por el eurodiputado del PSOE, Antolín Sánchez Presedo.

Un año después de que se iniciaran las investigaciones por "sospechas suficientemente fundadas" de presunto fraude "corrupción u otros comportamientos ilegales" en el empleo de ayudas comunitarias -los técnicos visitaron la Diputación y recabaron documentos; Manuel Baltar rebajó la visita a una actuación "rutinaria"-, el expediente se encuentra "muy avanzado", indica la contestación de Semeta.

La Comisión Europea, no obstante, se reserva los datos provisionales de la inspección de dos planes de depuradoras, el Daredo y Deputrans, -dotados en conjunto con 16,27 millones de ayudas comunitarias del programa Interreg III que empezaron a fluir en 2003- hasta que finalice el expediente que lleva a cabo la agencia especializada contra el fraude de la Unión Europea, la OLAF. "No puede dar ninguna otra información por el momento", añadió el comisario.

Los fondos europeos soportaron cerca de tres cuartas partes de la inversión total -unos 22 millones de euros- que supuso instalar 107 plantas depuradoras por el rural ourensano. Los planes Daredo y Deputrans, junto con el, también cuestionado por la oposición, proyecto "Estaciones" -para recuperar seis viejos apeaderos con fines turísticos- fueron evaluados por el Ministerio de Hacienda. El departamento certificó que los proyectos investigados se estaban ejecutando desde junio de 2010.

Las sospechas de presunto fraude en la Diputación por ayudas europeas tienen precedentes. Ya en 2006, Hacienda advertía al ente ourensano de irregularidades en la tramitación y certificación de gastos así como "evidentes carencias" en el cumplimiento de la contratación pública -como la falta "sistemática" de publicidad-. El ministerio obligó a descertificar 1,5 millones de fondos comunitarios concedidos para instalar las depuradoras investigadas por la OLAF, así como a un centro ecuestre en A Limia, con una adquisición de diez yeguas y cinco sementales que la Diputación imputó por 290.000 euros a fondos FEDER. Con respecto a los dos planes de depuradoras para el rural, los técnicos de Hacienda consideraron "llamativo" el "poco peso" que se le otorgó a la oferta económica (5 puntos sobre 100).

El expresidente José Luis Baltar reconoció varias deficiencias en un escrito redactado por el secretario de la institución, Francisco Cacharro, y firmado por él. La Diputación admitía "deficiencias como la falta de publicidad en las adjudicaciones de Daredo y Deputrans. En unos meses será su hijo el que ocupe el cargo cuando la UE revele cómo se utilizaron las subvenciones europeas.