El PSOE anunció ayer que acudirá a la vía judicial para impugnar el acuerdo plenario del mes de enero en el que el voto en bloque de los quince diputados del PP en la Diputación tumbó su propuesta de crear una comisión de investigación sobre la política de contratación en el Pazo Provincial durante los últimos 20 años en los que el querellado por presunta prevaricación continuada, José Luis Baltar, fue presidente. Los socialistas mantienen que todos menos uno de los quince diputados tienen relación de consanguinidad o afinidad con personal de la casa (adjuntaron una lista con más de 70 nombres) por lo que deberían haberse abstenido de votar.
El secretario general Francisco Cacharro confirmó verbalmente en aquel pleno que existía base legal sobre el deber, tanto de diputados como de funcionarios, de abstenerse en asuntos relacionados con intereses personales o de allegados, dejando en manos de cada uno de los diputados la decisión de levantar la mano o no. Sin embargo, días después elaboró y firmó un informe desfavorable a los intereses socialistas argumentado en la imprecisión del recurso y en la falta de concreción sobre la relación de los nombres de la lista con los diputados. Ayer se sometió a votación este documento, pero fue desestimado con la misma mayoría que tumbó crear la comisión de investigación.
El PSOE, por su parte, no renuncia a que la Diputación presidida desde hace un año por Manuel Baltar investigue políticamente dos décadas de contrataciones en las que su padre y antecesor, José Luis Baltar, dirigió la institución. El portavoz socialista, Ignacio Gómez, pidió al PP durante el debate que no desestimase el recurso y accediese a crear la comisión porque, de lo contrario, "no tendremos más remedio que ir al juzgado". El rechazo político abre ahora el camino del contencioso administrativo, con un plazo de dos meses para presentar la correspondiente denuncia. "Si no dan marcha atrás no culpen a los socialistas de judicializar la política", señaló Gómez, para quien la vinculación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución con los diputados del PP "es una realidad objetiva que no se puede discutir".
Además, el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez, puso en duda la validez del informe del secretario, recordando que el funcionario forma parte del proceso judicial que se sigue actualmente contra Baltar padre, al haber declarado como testigo. Por alusiones, Cacharro defendió que el objeto del informe es un "proceso distinto" y que, además, él no es un funcionario de la Diputación.
El portavoz del PP, Plácido Álvarez, manejó ayer el debate sobre el recurso contra el acuerdo plenario de enero con ironía y advirtió de que "a este paso, vamos todos para Pereiro", en relación al centro penitenciario. El diputado y alcalde de Muíños sostiene que, según los argumentos con los que la oposición "lleva 20 años enredando y aburriendo a la gente", ser familiar, simpatizante o militante de un partido "ya te hace presunto no se qué".
Álvarez se congratuló del respaldo jurídico que avala la votación "porque coincide con lo que nosotros consideramos y teníamos claro que está bien" y dirigió sus ataques directamente al PSOE preguntando "¿qué más quieren investigar? Digan qué expediente quieren, qué información han pedido y no se les ha facilitado ya. Andan al tiro del pichón".
