La juez de instrucción de Lugo Pilar de Lara ordenó ayer el ingreso en prisión de Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Urbanismo y Economía de Lugo, el segundo de los detenidos en el marco de la operación Pokémon, que investiga una supuesta trama de corrupción en varios ayuntamientos gallegos, en ser enviado a la cárcel sin fianza. El auto de la magistrada fue firmado tras un interrogatorio que se prolongó durante diez horas a lo largo de la jornada de ayer.

De Lara dictó orden de prisión para una de las piezas clave de la investigación sobre una trama de pago de sobornos a cambio de adjudicaciones y contratos públicos en varios concellos -si bien la red podría extenderse fuera de la comunidad- y que desde ayer está en la prisión de Monterroso, en Lugo, acusado de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en una causa sobre la que pesa el secreto de sumario, informa Efe.

La abogada del acusado, Reyes Costa, reconoció ayer que la juez titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, dictó un auto de prisión provisional "comunicada y sin fianza" para su cliente, que ahora estudia la posibilidad de presentar un recurso ante la Audiencia Provincial para reclamar su "excarcelación". "Mañana valoraremos qué hacer", declaró Costa a la agencia Efe.

"Respondió"

La letrada también aseguró que su defendido había respondido "a todo" lo que le preguntó De Lara durante el interrogatorio "de forma voluntaria" y que desea participar en el "esclarecimiento de los hechos" en una investigación en la que presuntamente ejerce un papel de "conseguidor" de contratos para la supuesta trama.

Limpieza

La investigación de la causa ha puesto uno de sus focos precisamente en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que presidía Liñares y que había adjudicado al grupo Vendex, supuesta firma clave en la trama, el servicio de limpieza de todas sus oficinas en la comunidad. Durante el registro de la vivienda de Liñares, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se incautaron de una veintena de carpetas con documentación donde tratarán de aclarar la relación de Liñares con esta supuesta trama.

Su abogada aseguró tras la conclusión del interrogatorio que el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil afrontaba con tranquilidad su situación. "Anímicamente está bien. Va a ingresar en la prisión de Monterroso y va tranquilo", manifestó antes de que un furgón policial lo trasladase desde las dependencias judiciales hasta el penal lucense.

Las pesquisas de la juez instructora proseguirán durante la jornada de hoy, cuando está previsto que presten declaración los dos últimos detenidos en la operación que todavía no lo han hecho desde que el operativo pusiese patas arriba la campaña electoral el viernes pasado. Se trata del responsable de la concesión del servicio de aparcamiento callejero ORA, Javier Reguera, y su socio en algunos de sus negocios, Manuel Santiso, propiedad de la empresa Sanle.

Diez horas de interrogatorio en otra jornada judicial que concluye entrada la noche

La operación Pokemon está acumulando sesiones de interrogatorios maratonianas en sus primeras jornadas. La juez de Lugo que instruye el caso, Pilar de Lara, decidió enviar a prisión a Fernández Liñares tras someterlo a diez horas de preguntas en los juzgados de la capital provincial para tratar de conocer su vínculos con la supuesta trama en la que, según apunta la investigación, podría ejercer un papel clave a la hora de negociar los acuerdos para lograr regalos y dinero a cambio de contratos públicos.

Pasaban las nueve y media de la noche cuando un furgón policial trasladó a la prisión de Monterroso a Liñares, cuya declaración comenzó a las 10 de la mañana. Además de su testimonio, la juez tomó declaración a otras tres personas que quedaron en libertad.

El sábado la jornada también resultó agotadora, pues De Lara concluyó los interrogatorios al filo de las dos de la mañana. El último en declarar fue Gervasio Rolando R. A., administrador de Vendex, acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que está en prisión.