Tampoco ayer hubo postura final frente al debate abierto en el seno de la magistratura tras la inesperada propuesta del CGPJ que invita a adelgazar el mapa de juzgados agrupando sedes y eliminando partidos judiciales. Ourense perdería siete en las principales cabeceras de comarca y se quedaría con dos, uno en cada extremo de la provincia, en la capital y en O Barco, mientras toda Galicia vería reducida la planta desde las 45 demarcaciones actuales a solo 13. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio luz verde ayer a un trámite previo antes de emitir una valoración oficial.
La Sala de Gobierno del alto tribunal gallego encargó a tres magistrados, uno de ellos el decano de Ourense, Antonio Piña, la elaboración de un informe exhaustivo en el que se perfile la respuesta de la magistratura gallega conforme a las alegaciones y enmiendas aportadas por jueces y presidentes de Audiencia Provincial. La comisión dispondrá de un plazo aproximado de un mes para cerrar el documento pero llegará a una determinación "antes del verano", según aseguraba ayer Antonio Piña.
El CGPJ ratificó el pasado 3 de mayo en pleno una propuesta que asumió en lugar del Ministerio de Justicia, el órgano al que competería en última instancia la reforma legislativa. El órgano rector de los jueces abrió un plazo de tres meses para recibir las contribuciones de los tribunales autonómicos. Antes de agosto, las alegaciones de la judicatura tienen que estar de vuelta en el Consejo. La puesta en común de las respuestas es la tarea de la comisión designada ayer.
Además del decano de Ourense, han sido nombrados el magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ignacio Picatoste Sueiras –que relevó a Piña al frente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Galicia–, así como José Antonio Ballestero Pascual, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, y también miembro de la corriente conservadora en la magistratura. En lo que respecta a Ourense, el decano pugnará por al menos un tercer partido judicial que englobe Verín, Bande, Xinzo y Celanova, para amortiguar la brecha en el rural y evitar largos desplazamientos. El presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, miembro nato del TSXG, presentó un informe propio en el que aboga por mantener las nueve demarcaciones actuales advirtiendo del daño económico y social que provocaría la supresión de sedes y actividad en las siete villas afectadas (Bande, Xinzo, Ribadavia, Verín, Celanova, Trives y O Carballiño). El año pasado tramitaron 13.000 procedimientos civiles y penales.
La Sala de Gobierno se mostró ayer favorable a una revisión del mapa judicial aunque con matices. El plenario considera que la revisión de sedes es acertada como una de las medidas en la "apuesta por la modernización de la organización judicial" que persigue el alto tribunal gallego. En todo caso, los magistrados indicaron la necesidad de que se lleven a cabo otras reformas "que exigirán redefinir la estructura jurisdiccional en su conjunto". La implantación de las notificaciones y el expediente digitales, así como la creación de tribunales colegiados de instancia, son las necesidades más urgentes para otros actores relevantes como los abogados.
