Piden 29 años y medio para los 4 acusados por el asalto a un hostelero que fue tiroteado

Tres hombres naturales de Cantabria y una mujer de origen brasileño serán juzgados en enero en la Audiencia, acusados por el asalto a un hostelero en su domicilio en mayo de 2009. La víctima recibió un tiro en el tórax que lo dejó herido de gravedad. La Fiscalía solicita una condena de 29 años y medio de prisión para los sospechosos. El grueso de la pena, un total de 16 años y medio, es la petición de castigo del representante público para Santiago E.A., uno de los dos que ejecutaron encapuchados el intento de atraco, y el presunto autor del disparo que hirió al empresario.

Este acusado fue capturado cuando todavía se encontraba en el piso junto a Rubén S.B. Los agentes los encontraron en el domicilio del hostelero, en el barrio de la Cruz Alta, tras recibir una llamada de alerta de un vecino. La detención no resultó sencilla, ya que uno de ellos trató de huir disparando a un agente, pero finalmente fueron capturados Poco después, los investigadores dieron con los otros dos acusados, Juan José C.G. y Marta C.C., en una habitación de un céntrico hostal ourensano.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen varios delitos y los atribuye de distinta manera a los cuatro imputados, todos ellos en prisión preventiva hasta el juicio. Los cuatro se enfrentan a robo con violencia y uso de instrumento peligroso en grado de tentativa, Juan José y Marta exclusivamente a este delito. El fiscal solicita tres años y medio de cárcel para cada uno de ellos.

Sobre Rubén, además, pesa un presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad, por lo que su condena podría sumar 6 años y medio de cárcel atendiendo a este delito y al de robo con violencia.

Por último, Santiago E.A. está acusado de robo con violencia, atentado a agentes de la autoridad y, además, de tenencia ilícita de la pistola usada en el intento de atraco, así como de intento de homicidio. Por los dos últimos delitos, el fiscal solicita 2 años y medio de cárcel y 7 años, respectivamente. La suma total de las penas que solicita el fiscal alcanza los 16 años y medio de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía fijas 27.600 euros por las secuelas y 9.000 por los gastos médicos de la víctima, que tuvo que ser operado de urgencia tras el suceso.