Baltar descarta un acuerdo extrajudicial con Flager y exige un 3% más en la parcela

El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, descarta un acuerdo extrajudicial con Flager, al entender que la inmobiliaria tiene que entregar a la Diputación un 3% más de los aprovechamientos de la finca Santamariña, por "un error" de distribución que hubo en el momento que se repartió la parcela. Baltar no contempla la posibilidad de condonar esos derechos, valorados en 2,4 millones de euros, a cambio de que la inmobiliaria renuncie a reclamar ante los tribunales de justicia los siete millones de euros que pagó a los reversionistas o antiguos propietarios de la finca, porque considera que la petición "carece de fundamento" y "tiene pocas posibilidades de prosperar".

Tras consultar con el equipo jurídico de la Diputación, Baltar llegó a la conclusión de que "no hay acuerdo posible", al tratarse de "un bien público". Reconoció que los técnicos habían descubierto que Flager le había metido "un gol por la escuadra" a la institución que representa, al hacer el reparto en la junta de compensación, porque le adjudicó unas parcelas determinadas, en lugar de concederle el 33% de todos los aprovechamientos que habrá en la parcela, de zona residencial, bajos, locales comerciales y otros usos. Y presentó una alegación en el Concello de Ourense, que terminó retirando, al comprometerse la inmobiliaria por escrito, ante el secretario de la Diputación, a entregarle a la institución provincial una parcela más, a realizar la permuta entre dos zonas que tienen distinto valor y a abonarle más de 200.000 euros en efectivo. Pero como no se ejecutó el acuerdo, presentó una demanda judicial.

El presidente de la Diputación desmiente que ejercieran presión sobre Flager para que firmara el documento de cesión, como declararon los representantes de la inmobiliaria en el juzgado.

Baltar sostiene que Flager no puede alegar que desconocía que hubiera otros reversionistas, a los que finalmente les pagó siete millones de euros por sus derechos, "si fueron precisamente ellos los que plantearon el pleito, en nombre propio y como representantes de los demás antiguos propietarios".

Baltar contempla como "un despropósito" que Flager reclame a la Diputación una cantidad que pactó de forma particular con los antiguos propietarios de la parcela, sin contar con la institución provincial para fijar el precio ni esperar a que se pronunciaran los tribunales de justicia. Pero además, la Diputación "tampoco ha cobrado nada de la cantidad que abonó El Corte Inglés; no puede cargar con los gastos, sin participar en los ingresos", sostiene el presidente. Y recuerda que el conflicto "surgió por un impago de Flager a los reversionistas que representaba".

Por su parte, el secretario de la Diputación, Francisco Cacharro Gosende, aclara que Flager tiene que cumplir el acuerdo de entregar a la institución provincial una parcela adicional, efectuar la permuta de terrenos acordada y el pago de algo más de 200.000 euros en efectivo, "como consta en el documento", dado que el Pazo Provincial rechaza la posibilidad de conformarse con el cobro del valor que representa la diferencia: 2,4 millones.

Flager tuvo que hacer "cesiones adicionales" al Concello de Ourense, después de que se hiciera cargo de la institución el gobierno bipartito, formado por PSOE y BNG. Y en el momento que la Diputación reclamó que se elevara a público el documento administrativo de compensación, la inmobiliaria "empezó a dar largas y no atendió a un requerimiento", por lo que acabó planteando una demanda judicial. Fuentes de la Diputación, contemplan la reclamación de Flager como "una maniobra dilatoria", para ganar tiempo y no tener que compensar a la institución provincial.

Por su parte, Francisco Cacharro Gosende aclara que el acuerdo firmado entre Flager y la Diputación "no se trata de una compraventa libre de cargas y gravámenes" –esa operación requeriría que se hiciera mediante concurso público–, sino "una transacción extrajudicial, que se hizo con ellos, precisamente, porque aparecen como los titulares de los derechos de reversión". Y explica: "Eso es lo que los coloca en una posición jurídica singular, que permite hacer la operación con ellos".

Flager se presentó ante la Diputación como "titular de todos los derechos de los antiguos propietarios, y pidió la reversión, justo un día antes de que entrara en vigor una reforma de la ley de ordenación de la edificación", advierte Cacharro Gosende. Y agrega: "Todo aquel que no pidiera sus derechos de reversión antes de esa fecha, los tendría caducados, por lo que se hubiera consolidado la propiedad plena para la Diputación. Flager fue el único reversionista que reclamó los derechos, en nombre de todos los antiguos propietarios, por lo que no puede alegar desconocimiento".