Flager declara que firmó un convenio privado con la Diputación "bajo presión"

La Inmobiliaria Flager declaró ayer ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ourense que firmó "bajo presión" el convenio privado con la Diputación Provincial fechado el 20 de abril de 2007 y por el cual la institución que preside José Luis Baltar se comprometía a retirar las alegaciones previamente presentadas contra el proyecto de compensación aprobado un año antes por el Concello de Ourense para el Área de Reparto 39 correspondiente a la finca Mariñamansa. A cambio, la firma inmobiliaria se comprometía a ceder a la Diputación en pleno dominio y libre de cargas una parcela, la permuta de otra y el pago en metálico de 210.000 euros en concepto de suelo de uso residencial libre.

Sin embargo, Flager no cumplió su parte y la Diputación ha recurrido a los tribunales para recibir lo que le corresponde. La audiencia previa celebrada ayer y a la que asistió el gerente de Urbaourense, José Cudeiro, descartó cualquier principio de acuerdo entre las partes y dejó señalado el juicio para el 14 de abril. La letrada de Flager, María González, dijo que las posturas "están muy alejadas" y el abogado de la Diputación, Emilio Atrio, que "es imposible", en respuesta a los intentos de la magistrada de dibujar una salida consensuada al conflicto.

Flager justificó ayer el incumplimiento del contrato por su condición de "nulo de derecho" alegando inexistencia de causa y ser contrario a la ley. Según María González, el proyecto de compensación aprobado por el Concello de Ourense "no recoge ninguna diferencia de equidad en el reparto ni el perjuicio para la Diputación" sobre el que se sustenta el contrato privado que ha motivado esta reclamación. De hecho, recordó que el arquitecto municipal constató la "equidistribución" y que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense falló a favor del proyecto de compensación. En este sentido, la letrada de Flager dice que "no existe causa" que apoye la demanda de la Diputación porque "el reparto fue equitativo". Además, añade que "de estimarse esta reclamación" y cumplirse los acuerdos del contrato privado "la Diputación obtendría un aprovechamiento urbanístico superior al de Flager". Es así como la inmobiliaria fundamenta que dicho convenio "es contrario a la ley" pues de ejecutarse no habría equidistribución.

Además, la letrada afirmó en la audiencia previa que la Diputación forzó este contrato "cuando supo que Flager estaba negociando con una operadora comercial grande -en referencia a El Corte Inglés- y quiso recibir mayor cuota". Añade María González que "es entonces cuando amenazó a Flager con retrasar los trámites y ésta tuvo que firmar bajo presión para no perder el negocio con la operadora".

Además, la letrada pidió la comparecencia en calidad de testigo de José Manuel Oliver Rivera, técnico municipal y jefe del servicio de Urbanismo en 2006 cuando se aprobó la Junta de Compensación del AR-39. Oliver se remitió a los informes favorables firmados entonces y recordó que la Diputación había presentado alegaciones que después retiró en el marco de un convenio privado firmado con Flager que "establecía un nuevo reparto".

Pese a la discusión en torno a la legalidad del proyecto de compensación, la juez avisó a ambos letrados de que "yo me limitaré a valorar la validez del contrato privado, si la equidistribución es justa o no para mí no va a tener relevancia".