La asociación ecologista "Matar por Matar Non" asegura que hay documentos oficiales que prueban que, en la perrera de O Carballiño, entre el mes de marzo, cuando se descubrieron docenas de perros muertos violentamente y enterrados en una fosa con cal, y el mes de junio, han sido sacrificados otros 55 animales. Destaca que han sido casi la mitad de los que sobrevivieron a la primera matanza.

Según esta asociación el día 11 de marzo, o sea, ocho días después de la inspección del Seprona, ya había otros nueve perros muertos depositados en la cámara frigorífica, lo que equivale "a más de una muerte al día, cuando lo normal siempre fue una muerte cada 10 días", observa su presidente.

Indica que si en el primer caso el asunto fue de gravedad extrema, en el actual y teniendo en cuenta las numerosas jaulas desocupadas y el escaso número de perros que habían sobrevivido, "la cosa toma tintes dramáticos y escandalosos". Otro aspecto que considera siniestro es que, "con el dinero que cuesta la retirada y cremación de los cadáveres, se podría alimentar correctamente a los perros que, al día de hoy, siguen comiendo restos de carcasas de pollo crudas, porque se les siguen racaneando los fondos necesarios para que coman pienso".

Explica que cada perro muerto representa unos 46 euros de costes de retirada, así que, una media de 15 cadáveres al mes cuestan un total de 690 euros, con los cuales y al precio de cualquier almacén de piensos de la villa, "se podrían comprar 69 sacos de pienso de 20 quilos cada uno, o lo que es lo mismo, más de dos sacos de pienso por día, con los cuales comerían 160 perros (250 gr. por perro)".

Matar por Matar Non cree que, o bien hay algún tipo de desalmado que, por no llevar trabajo, mata a los perros, o que estos inhumanos y crueles acontecimientos responden a una intencionalidad que busca "resolver" el problema, y los gastos de la perrera, mediante el sistema de eliminar a los perros que allí están recogidos. Y es que "según las informaciones que tenemos tampoco se están recogiendo perros, ni en la calle ni en los ayuntamientos limítrofes".

Los hechos fueron comunicados al Seprona, y piden al nuevo gobierno municipal abrir una investigación, reactivar la comisión de investigación, proponer la punición de los inculpados y la dimisión "de quienes, por incompetencia o connivencia, lo han permitido", ya que de lo contrario serían cómplices.