Las diferencias entre los dos grupo de vocales que forman parte del plenario de la Cámara de Comercio llevan camino de dirimirse en los tribunales de justicia. Es lo que se desprende del anuncio realizado ayer por el portavoz del grupo de trabajo "Cámara Aberta", Jorge Bermello, en el sentido de encargar un informe jurídico por si el presidente del ente cameral, Ovidio Fernández Ojea, y los miembros de su comité ejecutivo habrían cometido un presunto delito de prevaricación.

Dicha acción tiene como justificación, según explicó ayer Jorge Bermello, que estuvo acompañado por la vocal María José Vázquez, la "sistemática denegación de información que solicitamos para poder cumplir nuestra función de control y fiscalización de la gestión que se realiza", documentación a la que dicen no han tenido acceso hasta estos momentos, después de "solicitarla en reiteradas ocasiones y por diferentes conductos".

El informe emitido por la Dirección Xeral de Comercio sobre derechos de los miembros del pleno, que daba a conocer ayer, es para Bermello determinante, ya que "les dice a los responsables de la Cámara que se lean la ley general de Procedimiento Administrativo en el que se nos reconocen nuestro derechos, vulnerados por el presidente y el comité ejecutivo".

Esto le llevó a afirmar que el presidente y los miembros del comité ejecutivo "sabían que estaba vulnerando la ley cuando negaban la información, al tener en su poder el informe de la Xunta y otro del Consejo Superior de Cámaras".

Para Bermello existen tres razones para que se les niegue la información: "El presidente y el comité ejecutivo quieren que sus acuerdos y actos no sean controlados y fiscalizados por el pleno", y el objetivo es el de "gestionar los 7 millones de euros, presupuesto con que cuenta la entidad, sin dar explicaciones", así como intentar "ocultar las irregularidades que existe", y las "deficiencias" en la gestión.

En el capitulo de personal, el portavoz de "Cámara Aberta" aludió a al plaza convocada por la Cámara para contratar a un responsable del departamento de comunicación, y que "estaba predeterminada para un familiar del vicepresidente segundo del ente cameral", Juan Carlos Parada.

Las diferencias entre estos dos grupos de vocales se fueron acrecentando desde el mismo momento en que tomó posesión como presidente de la Cámara de Comercio Ovidio fernández Ojea, después de un proceso electoral salpicado por acusaciones mutuas.

Pero la "falta de información y la negativa del presidente a responder las preguntas formuladas en los plenos" son para Jorge Bermello el desencadenante de una situación "no deseada por nuestro grupo", y asegura que "nos gustaría estar felicitando por su trabajo al comité ejecutivo" y la Cámara de Comercio diese otra imagen a las más de 23.000 empresas de la provincia que forman parte de la entidad.

Algo que dice no es posible debido a la actitud del presidente y de los miembros de su comité ejecutivo.

"El apoyo de la CEO lo respeto, pero no lo comparto"

El portavoz de "Cámara Aberta", al ser preguntado por el apoyo de la Confederación Empresarios de Ourense (CEO) al presidente, Fernández Ojea, y al comité ejecutivo, del que forman parte algunos miembros de la patronal, elegidos vocales por el cupo que tiene en la Cámara, fue rotundo: "Es una decisión que respeto, pero no la comparto en absoluto". Además, subrayó que la mayoría de los vocales, por la condición de empresarios, también pertenecen a la CEO, evitando entrar en otras consideraciones, que entiende deben analizar la propia organización empresarial.

Lo que si reiteró es la intención del grupo de vocales de solicitar a la Consellería de Innovación e Industria, como Administración tutelante de la Cámara de Comercio, la impugnación del reglamento interno aprobado por el comité ejecutivo, y que consideran "vulnera derechos fundamentales que tenemos", aspecto que trasladaron a la Xunta en su momento.

La tesorera y portavoz del comité ejecutivo rechaza las acusaciones

La tesorera de la Cámara, Flora Castro, que se convirtió en portavoz del comité ejecutivo, anunció ayer que tienen previsto celebrar hoy una reunión para analizar las situación y las acusaciones vertidas por el grupo de vocales, aunque negó que no se les facilitase información, y sobre el informe de la Dirección Xeral de Comercio, que "se remite a la ley de Cámaras sobre derechos de los vocales, no la incumplimos".

Castro, que se mostró parca en explicaciones, aunque considera que las acusaciones de "Cámara Aberta" son "muy fuertes", evitó abundar en las denuncias hasta que no se reúna el comité ejecutivo, por lo que concluyó con un "no voy hacer más valoraciones".