El jefe de la sección de Minas de la delegación de Innovación e Industria de Ourense, Ángel Rodríguez Martínez, presentó ayer en el Concello un escrito en el que solicita que se ejecute de inmediato el acuerdo adoptado por la Junta de gobierno que acordó el cese de la actividad en las oficinas administrativas de la delegación por carecer de la perceptiva licencia de apertura.

Es la respuesta del funcionario a la intención del Concello de dar un plazo al delegado de la Consellería de Industria para buscar un solución al problema y evitar el cierre de las instalaciones, como anunció el concejal de Gobernación, Aurelio Gómez Villar.

Ángel Rodríguez, que se también se personó como interesado en el expediente abierto por el Concello, fundamenta su petición del cierre inmediato de las oficinas de la delegación d Industria en base al articulo 111.1 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, en el que se contempla que "la interposición de cualquier recurso no paraliza la ejecución del acuerdo adoptado, como sucede en este caso.

Es por eso que discrepa abiertamente con la decisión municipal de dar un plazo a Industria para poder legalizarse, "deberían haberlo hecho antes de resolver", comentó, e insiste en que el gobierno local debe enviar a la Policía Local para que proceda al precintado de las oficinas ante el "incumplimiento" de lo que establece la ley, tal y como se recoge el acuerdo adoptado por la Junta de gobierno del Concello el 14 de marzo.

Además, Rodríguez Martínez reprocha al Concello que demorase por espacio de dos meses las notificaciones, "incluso por espacio de 2 meses, cuando el plazo establecido es de 10 días, con lo que se favoreció al infractor", en este caso Industria.

En cuanto a la voluntad que tiene el delegado de Industria, Jardón Dacal, para resolver el problema, y que invoca el concejal de Gobernación, asegura el funcionario que "no existe, pues desde hace mucho tiempo sabe de la ilegalidad como reflejan los informes de la Inspección de Trabajo y del jefe de bomberos", en alusión a las necesarias medidas de seguridad que exige la normativa.

Es precisamente las medidas de seguridad, sobre todo la salida de emergencia, que no existe en el edifico Torre, en el que se encuentran las dos plantas ocupadas por la delegación de Industria, en las que insiste Ángel Rodríguez. "Es imposible dar licencia de ocupación, y eso lo sabe el delegado y no quiere ver". Y critica la postura adoptada por Jardón Dacal antes las advertencias que "le venimos haciendo, a las que siempre responde con que es él quién decide".

El funcionario dice no entender la actuación del Concello, y advierte de que "están jugando con la seguridad de los funcionarios y de los ciudadanos que acuden a estas oficinas".

"Bajo ningún concepto se quiere cerrar la delegación"

El alcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, dijo ayer, respecto a este asunto que la voluntad del Concello "es buscar una solución. Bajo ningún concepto se quiere cerrar la delegación de Industria, en absoluto se nos pasó por la cabeza". Y reconoció que en estos momentos se está intentando que esas oficinas cuentan con la correspondiente licencia de apertura. Aunque también indicó que "ante la denuncia presentada por un funcionario de la delegación, el Concello debe darle trámite, pro sin perjudicar a la delegación".

En cuanto al escrito presentado por el funcionario solicitando el cierre de las oficinas de Industria, el concejal de Gobernación, Aurelio Gómez Villar, señaló ayer que los servicios jurídicos del Concello "lo analizarán y se resolverá en base a lo que establezca la ley". A la vez que reconocía la "problemática" que tiene el edificio Torre, donde se encuentran estas oficinas, en relación a los usos y licencias con las que deben contar, así como la adaptación a las normativas actuales. Para insistir, al igual que hizo el alcalde, en que "nuestra intención no es cerrar esas oficinas".

Sobre la posibilidad de que otras dependencias oficiales se encuentren en la misma situación que las de Industria, sin licencia de apertura, el alcalde dijo que "no me consta", y que ni él ni sus concejales "andamos detrás de nadie para perjudicarlos". Aseguró asimismo que en estos momentos "no se están mirando otras oficinas". Gómez Villar dijo al respecto que se actuó por la denuncia interpuesta por un funcionario, aunque reconoce que el concello puede actuar de oficio.