Las oficinas administrativas de la delegación de la Consellería de Innovación e Industria, ubicadas en las tercera y cuata planta del edificio Torre, en la calle Curros Enríquez, se encuentran bajo la amenaza de cierre, después del acuerdo adoptado por el Concello de Ourense en este sentido, alegando que dichas instalaciones no tienen la licencia de apertura.

Así, la Junta de gobierno local, en la reunión del 14 de marzo, acordó por unanimidad requerir a la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, para que "cese de inmediato en el ejercicio de la actividad de las oficinas, por carecer de la perceptiva licencia de apertura, conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial, y con el apercibimiento de cierre y precinto en caso de incumplimiento".

La notificación de este acuerdo municipal tuvo entrada en el registro de la delegación de Industria el pasado viernes, 23 de marzo, a la vez que le fue remitida al jefe de la sección de Minas de la delegación, Ángel Rodríguez Martínez, que en su momento presentó sendas denuncias por la situación en que se encuentran las oficinas.

El concejal de Gobernación y secretario de la Junta de gobierno, Aurelio Gómez Villar, dejó claro ayer que el Concello "no tiene interés en cerrar esas oficinas", y que en estos momentos técnicos municipales y de la propia delegación de Industria "buscan soluciones para legalizarlas".

Además, subraya la "voluntad de Industria" de adaptarse a la legislación vigente, de ahí que el Gobierno local considere oportuno dar un plazo de tiempo para encontrar una solución temporal al problema.

A este respecto, el delegado provincial de Industria, Xosé Antón Jardón Dacal, manifestó ayer su convicción de que "es legalizable", además de indicar que estas oficinas "llevan funcionando 40 años", y recuerda que su apertura data del año 1966.

Un planteamiento con el que no está de acuerdo el funcionario denunciante, que considera que se trata de una resolución ejecutiva -el acuerdo de la Junta de gobierno del Concello-, por lo que se debe proceder de inmediato al cierre de las oficinas, independientemente de que el acuerdo pueda ser impugnado por Industria.

Ángel Rodríguez sostiene que las instalaciones no se pueden legalizar, debido a que el edifico "no reúne las condiciones exigidas por el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), para oficinas, al contemplar sólo viviendas".

La "carencias graves" en materia de seguridad , entre las que destaca la falta de salida de emergencia, las obras de reforma y ampliación de la delegación de Industria, que considera "ilegales al no contar con los permisos municipales", llevaron al funcionario a presentar otra denuncia ante la Delegación de Presidencia. Ángel Rodríguez entiende que después del acuerdo adoptado por el Concello, "se deben cerrar estas oficinas y trasladar a otra ubicación a los funcionarios".

Situación que afecta a otras delegaciones

La situación de "ilegalidad" en que se encuentran las oficinas de la delegación de la Consellería de Industria podría aplicarse a otras delegaciones de la Xunta, según indicó ayer Gómez Villar, debido a que "nunca tramitaron la correspondiente licencia de apertura". De ahí que el concejal de Gobernación sea partidario de buscar soluciones "de tipo técnico".

Reconoce que la denuncia del funcionario de Industria, tramitada por el Concello, "y al que en parte se le da la razón", pone de manifiesto la necesidad de una adaptación a la legislación. Y mantiene que antes del cierre de las oficinas, con el "perjuicio para los administrados, y aún asumiendo las resoluciones adoptadas, debemos buscar soluciones al problema".

Denuncia la "imprudencia" del delegado por las obras

Las obras de remodelación en las oficinas de la delegación, que ya contaba con "carencias graves" detectadas por la Inspección de Trabajo en el año 2002, fueron el desencadenante de la nueva denuncia presentada por Ángel Rodríguez en el Concello que las declaró ilegales al no disponer de la correspondiente licencia urbanística municipal. El informe del aparejador municipal, el 17 de noviembre de 2006, era concluyente: "En las plantas 3ª y 4ª se realizó una remodelación prácticamente integral de los locales destinados a oficinas ocupadas por la delegación de Industria. Las obras fueron realizadas sin la correspondiente licencia, puesto que en dependencias municipales no existe constancia de la misma".

"Se le dijo al delegado, pero no hizo caso y siguió adelante", dijo ayer Ángel Rodríguez, que acusa a Jardón Dacal de cometer una "imprudencia al ser conocedor de la situación".

También sostiene el denunciante que se incrementó el grado de ocupación de las dependencias administrativas de la Xunta, al trasladar a las mismas el servicio de Turismo, que se encarga de todo lo relacionado con los 5.000 establecimientos hosteleros de la provincia, y "pasamos a duplicar el número de funcionarios, que en a actualidad es de 60". Una "sobrecarga de gente que incrementa los riesgos para administrados y trabajadores", asegura.