La Junta Provincial de Seguridad celebrada ayer en la Subdelegación del Gobierno permitió a los distintos cuerpos presentes en el encuentro empezar a preparar el dispositivo de seguridad que velará por el normal desarrollo de las elecciones municipales de mayo.
La reunión estuvo presidida por el subdelegado, Camilo Ocampo, quien espera que, "en esta ocasión, se pueda prestar un mejor servicio y disponer de algún agente más en comparación con citas anteriores".
Aunque rehusó ofrecer cifras concretas hasta que el dispositivo esté completamente perfilado, la seguridad de los comicios de mayo estará vigilada por unos 800 agentes, teniendo en cuenta que en la seguridad del Referéndum sobre la Constitución Europea ya participaron un total de 748 agentes de la Guardia Civil y las Policías Nacional, Autonómica y Local.
Al encuentro en la Subdelegación asistieron la delegada provincial de Presidencia, el jefe de la Policía Autonómica, el teniente coronel de la Guardia Civil, el comisario segundo de la Policía Nacional, el fiscal jefe de Ourense, el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de Instrucción tres, que se encarga de los casos de violencia doméstica
Todos ellos, además de insistir en la necesidad de mejorar la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad de cara a las elecciones, valoraron como "muy satisfactorios" los resultados del Plan de prevención de tráfico minorista y consumo de drogas en colegios, institutos y zonas de ocio.
Aunque al final del encuentro el subdelegado reconocía que "se mantiene el número de intervenciones de sustancia estupefaciente en las inmediaciones de los locales de ocio", destacaba que "se está comprobando que la respuesta policial ha disminuido sensiblemente la venta cerca de centros escolares"
Aprovechando la presencia de representantes de la judicatura, la Junta Provincial de Seguridad también constató "la mejora de la atención y seguimiento de las víctimas de violencia de género".
Los participantes consideran "muy positiva" la decisión tomada en diciembre de "repartir las órdenes de protección y alejamiento entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad", además de centralizar en el Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional toda la información relacionada con malos tratos en el ámbito familiar, con el objetivo de que las demandas de auxilio "sean atendidas siempre por la patrulla más cercana".
