El BNG pide al TSXG una pericial del precio de la finca Santamariña

El portavoz del grupo del BNG en la Diputación, Xosé Manuel Pérez Bouza, anunció ayer que solicitará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que encargue una "prueba pericial independiente, sobre el precio de la finca Santamariña", por considerar que puede ser definitiva para la resolución del proceso judicial abierto, y que además llevaría al final del proceso, y que se convertirá en la "tumba política" de titular del organismo provincial, José Luis Baltar, ante una sentencia contraria a la Diputación.

Además, los diputados nacionalistas sostienen que de esa forma quedará demostrado que la venta que se llevó a cabo de la finca, propiedad de la diputación, a la inmobiliaria Flager, se hizo "de forma fraudulenta", tal y como denunciaron en su momento los grupos provinciales del PSOE y BNG.

A este respecto, recuerdan que cada una de la partes había presentando un informe pericial sobre el valor de la finca, que estaría sujeta a la defensa de los argumentos que esgrimen, por lo que consideran especialmente relevante que "el Tribunal cuente con uno propio, y elaborado por un equipo independiente".

Durante la comparecencia pública, en la que estuvo presente en nuevo diputado, Xavier Oviedo, concejal en Maceda, y que sustituye a Xosé Rodríguez Cid, que fue nombrado delegado de la Consellería de Medio Rural en Ourense, así como la otra diputada, Isabel Pérez, también anuncian que otra de las peticiones que realizará, antes del próximo jueves, fecha en la que finaliza el plazo dado por el Alto Tribunal gallego para presentar nuevas pruebas, es que se incorpore al proceso judicial las declaraciones del presidente de la Diputación, José Luis Baltar, en las que reconocía que se había vendido la finca por un precio inferior.

Las citadas declaraciones se produjeron cuando el titular del organismo provincial acudió al juzgado por el proceso judicial que se había iniciado, ante las reclamaciones que formalizaron varios reversionistas de la finca Santamariña, una vez que se produjo la venta a la inmobiliaria Flager, por entender que tenían derecho sobre esos terrenos, al dejar de cumplir estos la finalidad para la que habían sido cedidos a la diputación, en este caso, agrícolas y ganaderos..

Uno de los aspectos que concretaron los nacionalistas es que el objetivo de la acción judicial que en su momento decidieron poner en marcha los grupo de la oposición, ante lo que califica "un caso escandaloso", es recuperar ese amplio espacio "para disfrute de todos los ciudadanos", y evitar que "pase a manos de una empresa constructora, como pretende el PP, y encima por una precio mucho más bajo del que realmente tiene".