El fiscal general y la igualdad ante la ley

El encendido debate político y mediático sobre la figura del fiscal general del Estado, además de estar llegando a límites impensables en una democracia, deja en pelota picada al Estado de derecho y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Para hacer un ejemplo práctico, pongamos que a un ciudadano de a pie la Agencia Tributaria o los tribunales ordinarios le abren una inspección fiscal o le tramitan una demanda.

Para seguir con el ejemplo, supongamos que los inspectores de la Agencia Tributaria nos piden los discos duros de los ordenadores, los archivos de ingresos y gastos y los juzgados los móviles o las grabaciones de unas cámaras de seguridad, entre otras cosas.

El ciudadano, ante alguna de las investigaciones descritas, elimina el archivo y los ordenadores antes de la comparecencia, con un pretexto que puede ser variado. Puede ir desde el robo al incendio, pasando por el cortocircuito, y el móvil lo borra aduciendo cualquier peregrino pretexto de protocolo de seguridad, que luego se demuestra que no existe. ¿Eso es mentir o cambiar de opinión?

Mi pregunta al lector, ciudadano de a pie como el que esto escribe, es muy sencilla: ¿Qué creen ustedes que haría la Agencia Tributaria o el juzgado de turno? No es descabellado pensar en la destrucción de pruebas y digo que sería de ingenuos argüir la casualidad.

Llegado al punto de la comparecencia ante el inspector de turno o del juez, yo o cualquiera de ustedes nos negamos a contestar a su señoría, deslizando la acusación de parcialidad, persecución, mala intención o, incluso, prevaricación. Podría ser comprensible en un ciudadano de a pie, del fiscal general del Estado ante el Supremo, solo indica miedo, nula transparencia y obstaculizar la justicia. Lo de la destrucción de pruebas ya es el colmo. Si borro algo, es que no quiero que el juez lo vea una vez iniciada la investigación.

A todo esto, debo añadir que cualquier ciudadano, ante este escenario, contrataría a unos buenos asesores fiscales y abogados que, por supuesto, pagaría de su bolsillo. Desconozco si el señor fiscal lo paga de su pecunio, aunque supongo que dado su cargo se lo pagamos entre todos.

A lo anteriormente expuesto, debo añadir, que el testimonio de la fiscal de Madrid y, del depuesto portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, Sr. Lobato, además de los informes de la UCO, pondrían a cualquier particular ante una muy previsible sentencia condenatoria sin paliativos. El Sr. Lobato, que trató de cubrirse de la basura enviada desde Moncloa, al final ha sido decapitado al estilo Donald Trump.

El Gobierno y su aparato mediático y tertuliano ofrecen cada día una instrucción paralela a la realizada desde el Supremo, con una descalificación de jueces que solo cumplen con sus obligaciones, que nos pone en un escenario al borde de lo bananero. El proyecto de cargarse la acusación popular y restringir derechos es más propio de Maduro o de Putin. Es sencillamente vergonzoso.

Pero lo más vergonzoso es tomarnos por gilipollas (con perdón), aparecer ante la opinión pública como adalides de la justicia e ir preparando otra reforma judicial que dé encaje a todas las tropelías que van saliendo del Consejo de Ministros para poner taparrabos en las vergüenzas de algunos padres de la patria y familiares cercanos.

Si con todo esto, que no es una opinión son hechos ya contrastados, seguimos pensando que en España somos todos iguales ante la ley y que la vara de medir es la misma para todos/as, creo que con lo cerca que nos queda Portugal habrá que ir pensando en emigrar como el hermano del presidente.