El CNI es un órgano institucional que tiene como misión salvaguardar la seguridad nacional y, a la postre, el bienestar de todos los españoles, con lo cual tiene una misión investigadora y secreta en cuestiones como terrorismo o que afecten a la unidad del Estado. Por lo tanto, está más que justificado esta institución con los antecedentes que presenta Cataluña: proclamación de una república e independencia, en 2017, y la amenaza de sus dirigentes tras el indulto, de que lo volverían a hacer, sean motivo de investigación. Sin embargo, dado el descontento propiciado por parte de los partidos independentistas, denunciando al Gobierno de haber realizado espionaje contra ellos y considerar sus acciones como un ataque a la democracia, este para mantener su apoyo parlamentario, ha cedido a sus chantajes, y ha ordenado a la presidenta del Congreso una modificación de los requisitos para constituir los miembros de la “Comisión de secretos oficiales”, pasando exigirse simplemente una mayoría absoluta, cuando hasta ahora eran preceptivos los tres quintos de la Cámara, todo ello para facilitar que entre a formar parte del mismo, ERC y Bildu, entre otros.

Entre tanto despropósito es digno de elogiar la postura de Margarita Robles, en defensa de la labor del CNI, apelando a quienes la critican y denuncian malas praxis, que acudan a los tribunales. Lealtad que se echa en falta por parte del presidente Sánchez, en favor de su ministra de defensa, como máximo responsable del Gobierno y por tanto de la labor de sus ministros e Instituciones.