Se cuestiona entre una parte de los dirigentes la posibilidad de conceder el indulto a los presos independentistas “que no presos políticos”, indulto que desde 1996 se hizo por parte de todos los gobiernos como una vía legal a la que recurrir de forma excepcional y que concede el Rey mediante real decreto del Consejo de Ministros y que recoge la Constitución en su artículo 62. Curiosamente el año en que se concedieron más indultos fue el 2000, con 1.744, gobernando José María Aznar. El problema de Cataluña es fundamentalmente político y va mucho más allá de la transición, como ya se reflejó antes del inicio de la Guerra Civil, pero también creo que es un problema en parte forzado por unas élites burguesas de distintas corrientes ideológicas y catalanistas que lo que quieren es amparar de forma legal un pequeño estado reforzado con el famoso 3% recordado en su día en el pleno del Parlament.
Así lo puso en práctica Jordi Pujol a través de exigir transferencias por un lado, pactos con el Gobierno central y comisiones por el otro y cuyos beneficios acabaron en Andorra. Cataluña, dice la historia, era una parte de la Corona de Aragón y esta se unió a la Corona de Castilla dando lugar a lo que más tarde sería España. Si el actual presidente de los EE UU le ha dedicado a Pedro Sánchez cuatro minutos, imagínense el que le dedicaría a una Cataluña independiente. Sabino Fernández, jefe de la Casa del Rey en 1978, intentó que la facultad del indulto la concediera la Constitución Española al soberano pero no tuvo éxito. Por otro lado, se debe aclarar que el indulto político cobija a las personas que han sido condenadas por delitos políticos, este extingue la pena pero no las consecuencias civiles. En definitiva, la finalidad del Gobierno sería convivir con el problema buscando vías de acercamiento y legales mediante la concordia y con ese fin aplicar el indulto, no la amnistía, teniendo en cuenta que España tiene una diversidad territorial y una estructura de estado cuasi federal.
