A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los acuerdos internacionales han afirmado que la familia, como unidad de grupo natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En reconocimiento de esta obligación fundamental en virtud del derecho de los derechos humanos, los Estados miembros de las Naciones Unidas han apoyado la colocación de la familia en el centro de la programación internacional para el desarrollo de la salud, las mujeres y las políticas de población.
La obligación fundamental de los Estados de proteger a la familia se refleja en todos los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas que abordan los derechos civiles y sociales. Se reafirmó mediante importantes conferencias de las Naciones Unidas, como la Cumbre Social de Copenhague, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Agenda 2030.
Es necesario hacer más para garantizar que los programas internacionales prioricen a la familia.
Lamentablemente, los programas para ayudar a las mujeres y promover la salud mundial han socavado a la familia promoviendo nuevas nociones que nunca fueron acordadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esto erosiona la confianza en las instituciones internacionales y socava la soberanía de los Estados.
