Mucho se está hablando estos días de la propuesta de indulto por parte del Gobierno, que como todo el mundo sabe es una prerrogativa suya, pero que debe contar con el informe de órganos consultivos, como del tribunal sentenciador. Pues bien, una vez que tenemos conocimiento del informe emitido al respecto, por el Tribunal Supremo, vemos cómo tras su lectura se llega a la conclusión de que el alto tribunal considera inaceptable la concesión del indulto a quienes no muestran el más mínimo arrepentimiento y amenazan con que lo volverían a hacer, amén del hecho de que, por parte del Ejecutivo se aprecia un interés partidista e interesado en favorecer a los responsable de unos partidos que son esenciales en su afianzamiento en el poder. Con lo cual, se desmonta la argumentación del presidente Sánchez, para justificar la propuesta de este derecho de gracia, a saber: apelar a principios constitucionales, como concordia, diálogo o encuentro. Refiriéndose a la actual situación de los más que probables indultados, como víctimas de un acto de revancha y odio, por parte del poder judicial, que es preciso reparar.

De igual modo, es importante referir el alto grado de inseguridad jurídica que esta aplicación arbitraria e interesada del indulto puede provocar en la ciudadanía, al contemplar estupefactos cómo los responsables de atentar contra la Constitución y la unidad de España son indultados, con la agravante de comprobar cómo el nuevo Govern de la Generalitat anuncia que el ‘leit motiv’ de su política independentista será la proclamación de la República catalana. Por tanto, es público y notorio que el Gobierno central, con esta pretensión, no hace otra cosa que denigrar el Poder Judicial, al cometer un acto infame y deplorable, con la única intención de mantenerse a toda costa en el poder.