Me voy a limitar a comentar la supuesta “integración” de los alumnos discapacitados, para lo cual la nueva ley Celaá pretende suprimir la educación especial e incorporarlos a la enseñanza normal.
Cuesta creer que esa intención sea el verdadero motivo de la supresión de esa enseñanza, porque es justamente ahí donde esos alumnos y alumnas se sienten verdaderamente integrados, con otros alumnos como ellos y con unos profesores dedicados exclusivamente a ellos.
Cuesta creerlo porque a nadie se le oculta que esos alumnos no podrán integrarse nunca en una enseñanza normal, por sus fuertes limitaciones psíquicas o intelectuales. Esto resulta obvio para cualquiera, y en especial para los padres, los profesores y los propios alumnos. Jamás podrán seguir el ritmo de sus compañeros de curso, y no solo no se integrarán sino que inevitablemente se sentirán –en la medida en que sean capaces de sentir– desplazados, marginados, poco atendidos.
El profesor, aún con su mejor voluntad, no tendrá ni tiempo ni probablemente la capacidad pedagógica adecuada para atenderles como necesitan; y si lo intenta, desatenderá necesariamente a los demás alumnos. También es posible que los propios alumnos, al menos algunos, sin mala intención, no sintonicen con ellos y no les traten con todo el afecto y comprensión que merecen y necesitan. La frustración y el desánimo serán inevitables para estos jóvenes, que probablemente no querrán volver al colegio.
El problema para los padres también será considerable, pues sufrirán viendo a sus hijos, y no entenderán porqué les han privado del ambiente adecuado en el que estaban contentos, tenían amigos, eran queridos y aunque lentamente iban adquiriendo algunos conocimientos y destrezas que les servirían –a no pocos– para desempeñar después algún trabajo manual o equivalente. ¿En qué otros países del mundo sucede algo semejante...?
