“Nos contó a mi esposa y a mí cómo estaba muriendo lentamente en Belmarsh donde, aunque solo en prisión preventiva, es mantenido en confinamiento solitario durante 23 horas al día, y es a menudo sedado” (Vaughan Smith, periodista independiente, fundador de Frontline Club, amigo de Julian Assange, en conversación telefónica, Navidades 2019-2020).

Las palabras de Smith vienen a corroborar el diagnóstico que en su día hizo el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, Nils Melzer. Para este, “Assange es un preso político, al que han querido derribar su mente, le han aislado y humillado en un escenario de intimidación constante”. Y no hay mejor escenario para esa intimidación y derrumbe síquico que su confinamiento en la prisión de Belmarsh, bautizada como la Guantánamo de Gran Bretaña. Una prisión de máxima seguridad para recluir a condenados por terrorismo, aunque a muchos de ellos se les ha negado la posibilidad de un juicio justo, según Amnistía Internacional.

Me es difícil entender el auto de la magistrada Vanessa Baraitser del “Old Bailey” (Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales) cuando deniega la extradición de Assange a los EE UU, “por razones humanitarias, ya que podría llevarle a su suicidio, dado su estado mental”. Hipocresía anglosajona, ya que si se aducen razones humanitarias, estas deberían de tenerse en cuenta para no mantenerlo en prisión que tanto daño síquico y físico están produciendo en el reo, que pueden llevarle al suicidio.

Si su encarcelamiento preventivo obedecía a una petición de extradición a los EE UU por supuestos crímenes contra aquel país, denegada la misma, ¿por qué no ha sido puesto en libertad? No ha salido de prisión, y se le ha denegado su libertad bajo fianza mientras no se resuelva el recurso de apelación de EE UU.

Mucho me temo que la suerte de Assange está echada. No olvidemos que EE UU es “un hijo de la Gran… Bretaña”, dicho histórico como coloquialmente hablando.

El Canal de la Mancha es mucho más ancho de lo que parece. El Brexit es una lección que no deberíamos olvidar. EE UU no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de ahí que no admita que pueda incriminársele por delitos de lesa humanidad.

Delitos denunciados por Chelsea Manning, entonces analista militar del ejército estadounidense, quien fue condenada a 35 años de prisión, y proporcionó a WikiLeaks material confidencial. Se le aplicó una Ley de Espionaje de 1917, abusiva y anacrónica. Pruebas sobre violaciones de derechos humanos del ejército norteamericano en Irak y Afganistán. Esa ley es la que tratan de aplicarle a Assange, con mayores condenas. Una ley que colisiona con la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU, por la que se garantiza la libertad de expresión, y analógicamente la libertad de información. Pronto no solo doblarán las campanas por Assange, si no por la misma libertad de información.