El Gobierno ha decidido cambiar la norma para los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces porque no consigue un acuerdo con el primer grupo de la oposición para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, como la vía de la negociación que impone la ley, conforme al mandato constitucional, no le funciona, recurre a una vía legislativa rápida como es la de una proposición de ley. Algo que evitará pasar previamente por los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

Es verdad que la falta de acuerdo con el PP bloquea la situación, pero no es menos cierto que las reglas de juego que afectan a los poderes del Estado no pueden cambiarse a instancias del Ejecutivo. Esta regla básica de un Gobierno parlamentario casa mal con el intervencionismo del Gobierno de Sánchez debidamente animado y sostenido por Unidas Podemos.