Es preocupante que el Gobierno haga mutis por el foro e intente conceder favores inútilmente a los secesionistas, de los que depende para sostenerse en La Moncloa. Y más aún que un ministro del gobierno como Castells critique la sentencia.

Evidentemente, la sentencia no va a resolver el problema de fondo de Cataluña, pero no hay solución posible fuera de la justicia y el Derecho. Cataluña se ve abocada a unas nuevas elecciones, que deberían convocarse cuanto antes. No será así porque no conviene a los intereses del independentismo, todavía sometido a los dictados de un fugado de la Justicia al que no tienen la entereza de plantar.

Estos meses deberían ser preciosos para que el catalanismo moderado y los constitucionalistas presentaran una plataforma capaz de representar a más de la mitad de los catalanes, profundamente hartos de tanto disparate.