La Generalitat de la Cataluña es el único gobierno autonómico que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Aunque se quieran buscar argumentos humanitarios y jurídicos para entender el continuado trato de favor que reciben los condenados por sedición, todo responde al cumplimiento de una consigna política. La decisión de hacer todo lo posible para que disfruten de un régimen de libertad crea un agravio comparativo con otros reclusos. Se está retorciendo la norma jurídica y el sentido de la condena al servicio de una instrucción política. Pero esto no será suficiente. El siguiente paso que ya se dibuja será la solicitud de amnistía al Gobierno. Y mientras tanto se prepara una mesa de negociación que va a resultar doblemente peligrosa para Sánchez, con el horizonte de las elecciones catalanas en otoño.
