¡Habemus sentencia! ¿Y ahora, qué?

El proceso a los líderes catalanes ha concluido. Ya es pública su sentencia. Se cierra con ella un capítulo más de la incapacidad de nuestros políticos en resolver un problema esencialmente político, trasladando su solución al poder judicial. Y este último lo ha resuelto judicialmente, pero la asignatura para resolver un conflicto político sigue pendiente. No solamente eso, sino que lo ha agravado. Ese agravamiento se constata, inmediatamente, con multitudinarias manifestaciones, bloqueo de carreteras, estaciones de ferrocarril, aeropuertos, que han tenido que cancelar vuelos en Cataluña. Una repetición de anteriores sucesos, a los que sus señorías sentenciaron como delito de sedición. "El 1 de octubre la gente no fue parar a la policía, fue la policía la que intentó parar a la gente. Eso no es sedición, es una desobediencia civil de toda la vida" (Andreu Van den Eynde, abogado defensor de Junqueras y Romeva). Las imágenes televisivas hablaron por sí solas. Imágenes de personas sentadas habiendo sido aporreadas.

Ahora, el justiciero Llarena reactiva la euroorden en contra dePuigdemont, residente en Bélgica. Que la suerte le acompañe esta vez. La va a necesitar puesto que, si en Alemania le fue rechazada por la inexistencia penal del delito de rebelión, en Bélgica no existe el delito de sedición. Lo más parecido a tal ilícito penal es el de la "coalición de funcionarios", pero que poco encaja literalmente con el delito de sedición del Código Penal español. No voy a entrar a valorar la sentencia del Tribunal Supremo. Ya escribí lo suficiente en prensa mi sentir sobre la cuestión del procés. Deseo añadir algo, eso sí, a dos comentarios a la sentencia de connotados juristas. El catedrático Pérez Royo señalaba que el imputar en un principio a los encausados el delito de rebelión era una "coartada" para que el proceso se siguiera en el TS, en contra del Art. 24 de la Constitución. Esa coartada es un eufemismo de delito, que ha obviado emitir, ya que sería como imputar del más grave ilícito penal cometido por juez alguno.

Mi otro comentario se refiere a las declaraciones del catedrático López Garrido de que "ha habido un escrupuloso respeto a las garantías procesales". No soy yo quien le enmiende la plana, ya que sí lo han hecho los 60 juristas, que acudieron a la vista oral, en su calidad de observadores internacionales, miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos. No estaría de más que hubiese leído su informe publicado en junio de 2019, antes de haber manifestado, que cualquier recurso de los condenados no prosperaría ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia entra en tromba ya en plena precampaña electoral, en la que se enzarzan tirios y troyanos. Para unos ha triunfado el estado de derecho, para otros que los penados siguen siendo unos reos de rebelión. Al contrario de la paremia de cabecera, intuyo que ni ha muerto el perro ni se ha acabado la rabia. Ni ha muerto el independentismo catalán, como tampoco la rabia del nacionalismo españolista de la caterva franquista. En poco tiempo, saldremos de dudas.