Fiscalía, acusaciones particulares y defensas de los 80 controladores acusados por el caos aéreo de diciembre de 2010 han llegado a un acuerdo por el cual se retirarán los cargos para 7 procesados si los 73 restantes se declaran culpables del delito de abandono del servicio.

Los siete controladores que quedarán libres de cargos si sus compañeros ratifican ante el tribunal de la Audiencia de Palma el acuerdo de conformidad comparecerán el próximo jueves, mientras que el resto iniciaron ayer ante el tribunal la ronda de declaraciones de aceptación de la pena.

Tras dos horas y media de negociación entre las partes, el presidente del tribunal expuso a 18 de los encausados (uno de ellos a través de videoconferencia) los términos del acuerdo con las acusaciones y les pidió que expresaran su conformidad, a lo que todos respondieron afirmativamente.

Si el resto mantienen el acuerdo, de los 73 acusados, 67 de ellos aceptaran multas de 15.000 euros cada uno y los otros 6 pagarán 31.500 euros, y tendrán además una suspensión de empleo de 5 meses.

Según informó la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), se consignaron 15 millones de euros para indemnizar a los damnificados por el cierre del espacio aéreo del puente de la Constitución de 2010.

Si ningún acusado cambia de opinión y rehúsa la conformidad, el cierre del proceso en Palma permitirá concluir también el que hay abierto en Madrid, donde la Fiscalía tiene con 133 acusados un acuerdo en los mismos términos: 1.000 euros de compensación por afectado más cantidades variables por posibles perjuicios.

Esta solución conjunta estaba obstaculizada hasta ahora por la negativa a aceptar responsabilidad penal de los siete acusados a los que la Fiscalía ha ofrecido retirar las acusaciones. Sus defensas sostienen que pueden probar que o bien estuvieron trabajando durante el conflicto o estaban dispensados de hacerlo por causas justificadas.

Unos 600.000 viajeros se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo durante aproximadamente 20 horas entre la tarde del viernes 3 al sábado 4 de diciembre de 2010, una situación de la que el Gobierno culpó a los controladores que se declararon masivamente de baja, mientras que los profesionales de las torres responsabilizaron a Aena por mala gestión y abuso laboral.

Antes del inicio de la vista, el portavoz de USCA, Daniel Zamit, señaló que la asunción de la culpa es un "mal menor" para acabar con el proceso, pero que los encausados siguen sosteniendo que son inocentes y que actuaron bien.