Aborto: regular o prohibir

Vemos en medios de comunicación la noticia de que en un país islamista de África una mujer, médico de profesión, está condenada a muerte por casarse con un extranjero católico. Los cargos son apostasía, por renegar de su fe y casamiento con un católico.

Todos nos sentimos conmovidos y cuesta entender en esta época que con la aplicación de una religión absolutamente obligatoria, elevada a categoría de ley nacional, se penalice con la muerte una conducta que en nuestro medio veríamos como normal. La Europa civilizada, en una posición diametralmente opuesta, presume de los derechos de sus ciudadanos, permitiendo todo tipo de creencias, siempre que no vulneren las normas fundamentales de convivencia.

El aborto, naturalmente, es digno de un trato particularmente cuidadoso, al incluir la desaparición de un ser vivo y los derechos de quienes lo han engendrado, necesitando de leyes escrupulosas que lo regulen.

Siguiendo los políticos la más lamentable "ley del péndulo", en el aborto se pasa de permitirlo, a demanda en menores de edad, sin necesidad de intervención de sus progenitores, a un proyecto de ley que intenta impedirlo, aún ante el hecho de demostrarse la existencia de malformaciones o defectos genéticos graves. El señor Ruiz-Gallardón, adalid del nuevo proyecto, en forma repetida ha manifestado "que en cualquier caso de malformación o defecto genético de un hijo no dudaría en seguir adelante con el embarazo". Naturalmente, que en cualquier país libre es totalmente aceptable su posición personal, lo que no puede ser es que se obligue, como sucede en los países del Islam, que cumplen el código de la Sharia, a que el resto de sus paisanos se atengan a su credo y opiniones. Los seres nacidos con estas alteraciones, si sobreviven al parto, condicionan al resto de su familia de por vida. En muchos casos, su existencia transcurre entre su domicilio, en donde requieren cuidados permanentes, y los centros hospitalarios que, con esfuerzos a veces inimaginables y el sufrimiento correspondiente, intentan mantenerlo en vida.

En ningún comentario del proyecto de ley he encontrado, como mínimo, la obligatoriedad, en caso de aprobarse, de que los costos directos, indirectos y de sus cuidadores corran de por vida a cargo del Estado, dado que sería este último el que obliga a llevar el embarazo a término. No es razonable que se imponga a quienes no comparten una visión religiosa llevar a término un embarazo de las mencionadas características, el aborto en dichos casos debería ser permitido. En contrapartida, nunca obligatorio por parte del Estado, dejando a criterio de la pareja, y de acuerdo con sus convicciones, la libertad de decidir.