Derecho a decidir

El incuestionable derecho a decidir de la persona, su libre determinación y libre albedrío, se vuelve controvertido si lo identificamos con el derecho a decidir de los pueblos. Y suena a desafío si le añadimos que no hay Ley, Constitución o interpretación que valgan en un proceso de consulta soberanista.

Para salir de dudas, dado que en la vida nada sucede sin una razón suficiente, podemos buscarle una explicación filosófica.

Desde Aristóteles la dialéctica, o lógica del silogismo, es un método de razonamiento que parte de dos premisas, dispuestas rectitudo et veritas, para una conclusión legítima. Aplicado a la controvertida cuestión, los derechos comparados dan una conclusión correcta, cumplen la regla de la rectitudo, porque hay un nexo de unión coherente entre las dos proposiciones, pero la "veritas" es asimétrica, equívoca, incompatible con la legitimidad de la conclusión.

Asimétrica, porque los derechos de la persona son facultades, derecho natural, inherente y anterior a la Ley, mientras que los derechos positivos son pactos entre partes, dados en el tiempo y en un contexto histórico, como el derecho de los pueblos a la libre determinación, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, salido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, aún sobre las cenizas de una cruel 2ª Guerra Mundial, con pueblos colonizados o sometidos a la administración de potencias de ocupación, no se refiere a colectivos de un todo histórico, aunque tengan identidades diferenciadas.

Hasta aquí, la razón de la lógica, afirmar lo contrario sería un sofisma, un ente virtual o entelequia. Pero, como el hombre es un habitante de la frontera, vive en el límite entre la razón y la sombra, según el filósofo catalán recientemente fallecido, Eugenio Trías Sagnier, además de la razón de la lógica existe la razón de la magia y queda por explorar la vía del consenso hacia una convivencia armónica, sin alimentar salidas viscerales, pues el fin no justifica los medios.

En sociedades democráticas, la primacía del Derecho y el respeto al bienestar general son la premisa mayor, como finaliza precisamente el articulado de la citada Declaración Universal de los Derechos Humanos.