Hagamos realidad el sueño español

Estamos en el año 2050. España es una de las economías más dinámicas de Europa y su reputación internacional no tiene nada que ver con la de hace veinticinco años. La población residente ronda los 54,6 millones de personas, exactamente donde el Instituto Nacional de Estadística la proyectaba ya en 2026. Las empresas españolas llevan más de dos décadas creciendo de forma orgánica y sostenible en una economía moderna y atractiva. Es un lugar donde todo el mundo quiere trabajar, el paro estructural ha dejado de ser nuestra seña de identidad y las organizaciones cuentan con el talento que necesitan a todos los niveles. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El laberinto administrativo

La realidad en 2026 frena en seco esta oportunidad. A pesar de que las empresas presentan precontratos con suficiente antelación, demostrando su intención inmediata de contratar, la Administración responde con esperas de meses para una resolución favorable. A esto se suman más meses para con- seguir una cita en el consulado de origen. Pero lo más desconcertante es que la herramienta para resolverlo existe en nuestro ordenamiento desde hace más de una década. Sencillamente, no está abierta a quien la necesita. España ya tiene la vía rápida que hace falta. La Ley 14/2013 obliga a resolver en veinte días, con silencio positivo, y a emitir el visado en diez días hábiles. Nada de lo que ofrecen Alemania, Reino Unido o Canadá mejora eso. Pero el artículo 71 de esa ley reserva ese carril a quien acredita titulación de enseñanza superior y ocupa un puesto directivo o una actividad que requiera formación superior. A muchos inmigrantes no les falta cualificación: le falta el tipo de cualificación que la ley decidió reconocer. Alemania construyó su procedimiento acelerado incluyendo expresamente la formación profesional y los oficios artesanales. España construyó el suyo excluyéndolos.

Una cuestión de urgencia nacional

La empresa que renuncia a un pedido porque no puede montar el turno, la constructora que retrasa una obra, el taller que rechaza un contrato de mantenimiento, la residencia que no abre una planta. Esa pérdida de competitividad no la recupera nadie después, porque el proyecto se lo lleva otro país y no vuelve. Y acortar un plazo es neutral entre operadores: no da ventaja a ninguna empresa de este sector frente a otra, ni frente a la compañía que tramita sus expedientes por su cuenta y sin intermediario.

Las empresas piden que un contrato ya firmado, con un salario ya pactado y un empleador identificado, se tramite a la velocidad a la que la propia ley dice que puede tramitarse, y solo en ocupaciones que la Administración haya declarado deficitarias. Quien llega por esa vía cobra por convenio y no queda atado a quien lo contrató. Si las condiciones son malas y nadie las firma, no viene nadie. El mecanismo se autolimita solo.

Volvamos a 2050. Si España logra sostener su economía y su base productiva, no habrá sido por una ley abstracta ni por un discurso político: será porque en 2026 alguien decidió que un contrato firmado no debía esperar seis meses para convertirse en un billete de avión.

El futuro de nuestra economía se decide hoy. Desbloqueemos el talento, impulsemos nuestras empresas y hagamos realidad el «sueño español».

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