Absentismo: el coste de mirar hacia otro lado

El regreso al trabajo tras el descanso estival es una buena ocasión para detenerse en una realidad incómoda de nuestro mercado laboral. El absentismo ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los departamentos de recursos humanos. Su impacto económico, sanitario y social obliga a abordarlo como un grave problema estructural, complejo y con demasiadas aristas como para despacharlo de forma simplista o maniquea.

Conviene empezar por una obviedad que no siempre lo parece: estar de baja no es lo mismo que faltar injustificadamente al trabajo. La incapacidad temporal es un derecho esencial cuando una enfermedad o una lesión impiden trabajar. Identificar al trabajador enfermo con quien se aprovecha del sistema no solo sería injusto, sino que impide entender y abordar el problema.

El absentismo no es una singularidad de Galicia. El problema preocupa en toda España. Sin embargo, en Galicia se sufre con especial intensidad. Los datos de 2025 situaban la tasa de absentismo en el 8,4 % de las horas pactadas, por encima de la media estatal. Pero es en la duración de las bajas donde la diferencia resulta más llamativa: los datos de la Seguridad Social correspondientes al primer trimestre de 2026 sitúan la duración media de los procesos en Galicia en torno a 77 días, frente a unos 43 en el conjunto de España. Prácticamente el doble. ¿Hay razones objetivas para explicar una diferencia abismal?

La factura económica es otro factor que nos debe impedir mirar hacia otro lado. El informe encargado por la Xunta a especialistas de las universidades de Santiago y Vigo estimó en más de 2.200 millones de euros el impacto anual sobre la actividad económica gallega de las ausencias no cubiertas, cerca del 3 % del PIB, a lo que se suman los costes imputados directamente a empresas y Seguridad Social. No estamos, pues, ante una cuestión que afecta a la relación privada entre empleado y empresario, sino ante un fenómeno global que lastra la competitividad, la planificación, la capacidad de crecimiento y las cuentas públicas.

El mismo informe de la Xunta huye de las conclusiones fáciles. Porque no permite determinar qué porcentaje de las ausencias es injustificado. El envejecimiento de las plantillas, la estructura productiva, las enfermedades musculoesqueléticas, los problemas de salud mental, la prevención deficiente o los tiempos de respuesta sanitaria explican una parte. Solo una parte. Ni todo absentismo es fraude ni toda nuestra diferencia con el resto de España puede atribuirse a circunstancias inevitables.

Ahí está precisamente la dificultad. Hay bajas absolutamente justificadas y otras que se prolongan más de lo necesario; empresas que cuidan a sus trabajadores y otras que hacen demasiado poco por prevenir riesgos o adaptar puestos; un sistema sanitario que protege, pero que también acumula demoras; y existen asimismo abusos. Negar estos elementos conduce a un diagnóstico incompleto.

Cuando existe abuso, además, el perjudicado no es únicamente el empresario. También lo sufren los compañeros que deben asumir tareas adicionales, alterar turnos o cubrir el trabajo de quien falta. El absentismo injustificado tiene, por tanto, una dimensión de solidaridad interna: quien se aprovecha del sistema no solo incumple una obligación laboral, sino que traslada parte de su carga a otros trabajadores. Pero igual que no cabe normalizar ese comportamiento, tampoco cabe criminalizar al empleado de problemas que pueden tener su origen en plantillas envejecidas, mala organización, prevención insuficiente o retrasos sanitarios.

La inquietud empresarial ha llegado al punto de que algunas compañías han incorporado en sus convenios colectivos incentivos económicos vinculados a la asistencia, mediante complementos diarios o primas. Que algunas empresas hayan optado por conceder pagas extras para premiar la simple presencia revela hasta qué punto el problema se ha aupado entre las máximas preocupaciones de sus directivos. Sin embargo, no está claro que pagar por acudir sea una solución eficaz ni, mucho menos, deseable. Parece más fruto de la desesperación que del convencimiento.

FARO lleva tiempo llamando la atención de forma recurrente y en este mismo espacio editorial sobre esta realidad, incluso cuando el absentismo todavía no ocupaba el lugar que hoy tiene en la agenda pública gallega. Y también lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo, al recoger la inquietud creciente de las empresas. No se trata ahora de reivindicar aciertos, sino de constatar que un problema que durante demasiado tiempo fue tratado casi como una cuestión interna de las empresas ha terminado por adquirir la dimensión económica, social y política que ya entonces empezaba a advertirse. Que la Xunta lo haya situado ahora entre sus prioridades confirma que aquella preocupación estaba lejos de ser exagerada. Y también que se ha perdido demasiado tiempo, quizá por falta de coraje político.

La Consellería de Emprego, principal promotora en promover medidas que al menos acoten el problema, dispone ahora de un diagnóstico más preciso y ha puesto el foco, más que en castigar o penalizar, en fomentar el diálogo social con patronal y sindicatos. El objetivo es reducir las bajas evitables, reforzar la prevención y el bienestar laboral, mejorar la gestión de las incapacidades y combatir posibles abusos. Es el camino razonable, porque no habrá soluciones milagrosas ni unilaterales. Habrá que mejorar la atención sanitaria, reducir demoras, facilitar reincorporaciones cuando sean posibles, reforzar la prevención y perfeccionar los controles sin convertir a todos los enfermos en sospechosos. Y para todo ello se precisarán de recursos económicos, muchos más de los que ahora dispone el sistema. El nuevo modelo exigirá una apuesta financiera a la altura del desafío. Sin fondos extra, todo quedará en papel mojado. En meras buenas intenciones.

Existe, finalmente, una dimensión cultural que conviene recordar. Una sociedad no puede preservar sus derechos si debilita la idea de responsabilidad. El compromiso, la constancia, la disciplina y el sacrificio bien entendido no son valores anticuados: forman parte de la educación de un niño para convertirse mañana en el adulto libre y responsable que la sociedad desea. Educar no significa idealizar el sufrimiento ni aceptar condiciones injustas, sino enseñar que la vida en común exige obligaciones, que el esfuerzo tiene valor y que nuestras decisiones afectan a los demás.

Las preguntas son muchas. ¿Por qué duran tanto las bajas en Galicia? ¿Qué hacen mal las empresas? ¿Qué falla en la sanidad, las mutuas o la inspección? ¿Qué parte del fenómeno podría evitarse? ¿Cuál es la dimensión real de los abusos? ¿Ha cambiado nuestra relación cultural con el trabajo? El problema es, como decimos, demasiado complejo para reducirlo a una relación trabajadores contra empresarios o derechos contra productividad. Sin embargo, hay tres conclusiones difíciles de rebatir: primera, aunque no es un problema exclusivo de Galicia, en nuestro territorio el absentismo se sufre con especial intensidad. Segunda: lo hecho hasta ahora ha sido claramente insuficiente. Y tercera: seguir mirando hacia otro lado no es una opción, porque el absentismo tiene un coste que ya no nos podemos permitir.