Calor, fuego y sequía, el cóctel maldito del verano

Los incendios y la sequía se han convertido en dos clásicos indeseados del verano. Cuando suben las temperaturas hasta niveles hasta ahora desconocidos, desciende el caudal de los ríos y los embalses, aparecen las alertas por escasez y el monte se convierte en una pira infernal. Y también entonces, lamentablemente, regresan mensajes que se mueven en los extremos. Unos niegan que el cambio climático esté detrás del problema, amparados en la tesis de que el planeta siempre ha vivido momentos así. Otros parecen asumir que poco puede hacerse frente a una realidad inevitable. Y unos terceros se apresuran a demandar decisiones que cuando el fuego se aplaca y la lluvia regresa acaban en el cajón de los olvidos. Las tres posiciones son erradas. Porque con el fuego y el agua no caben ni el negacionismo ni el derrotismo ni el oportunismo.

La emergencia climática está haciendo más frecuentes e intensos los episodios de calor y sequía extremos y creando condiciones cada vez más propicias para virulentos incendios. Es indiscutible. Pero Galicia no debe afrontar esta realidad como una maldición. Hay margen para actuar.

El fuego no nace espontáneamente solo por el calentamiento global. Lo sabemos. Detrás de cada incendio hay una causa y muchas veces una acción humana, negligente o criminal. Por eso es necesario potenciar la vigilancia y la investigación y aplicar contundencia penal contra los incendiarios.

La Xunta ha reforzado la prevención y la extinción, con más brigadas, cámaras, drones y sistemas de detección. Son medidas necesarias, aunque la represión de los delincuentes o las propuestas coercitivas se queden cojas. El balance de este año puede resultar menos grave que el de campañas anteriores, pero no da motivos para la complacencia.

La batalla de fondo está en la gestión del territorio. La mejor política contra los incendios empieza cuando no los hay. Galicia no puede aspirar a convertir sus montes en un inmenso jardín desbrozado permanentemente con dinero público. Esa imagen idílica, en ocasiones propia de mentes urbanitas, roza el romanticismo. El monte tiene que estar cuidado, sí, pero también debe ser productivo. Es mucho más que un territorio de ocio o de embelesamiento estético. Un espacio forestal que genera madera, biomasa, ganadería u otros aprovechamientos ofrece más incentivos para ser atendido que una superficie abandonada. Lo que da frutos se cuida mucho más que lo que no produce. No es una visión economicista del monte, sino un enfoque realista.

Y aquí suge uno de nuestros grandes problemas estructurales: el minifundio. Miles de pequeñas parcelas, herencias sin resolver, propietarios ausentes, catastros desactualizados y fincas sin accesos dificultan cualquier política forestal eficaz. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta nacieron para superar esa fragmentación. Sin embargo, que solo estén activas 24 en Galicia, ninguna nueva en los últimos tres años, demuestra que el instrumento avanza, cuando lo hace, a una velocidad insignificante. Es clave simplificar trámites, actualizar la propiedad, implicar más al Catastro, acompañar a los propietarios y ofrecer incentivos para que la gestión conjunta deje de verse como una amenaza y se entienda como una oportunidad.

La propiedad deja de ser un patrimonio personal para convertirse en un gravoso problema colectivo cuando se desatiende. El envejecimiento de la población agrava la situación. Y también el éxodo del rural. Los dueños de avanzada edad no pueden atender sus parcelas y sus herederos, con frecuencia, ya no residen en los pueblos, sino que se han trasladado a núcleos urbanos que les atraen con trabajo y otros servicios esenciales. El abandono del campo es una mecha que prende los montes. Por eso, resulta esencial insistir en la pedagogía para hacer entender a los propietarios que ceder no es perder. Que compartir es ganar.

Con el agua debemos aplicar la misma lógica: anticiparnos. Galicia mantiene una posición hídrica mejor que buena parte de España, pero ya no puede comportarse como si el agua fuese un recurso ilimitado. Los episodios de escasez y las alertas registradas este verano son más que un aviso. Más de medio millón de gallegos sufren los problemas de esa falta de agua. Y la cifra crecerá. Esto no es ser apocalíptico, sino realista.

La primera obligación es mejorar lo que ya tenemos. No tiene sentido pedir ahorro a los ciudadanos mientras se pierde agua por redes municipales deficientes. Hay que renovar tuberías, detectar fugas, digitalizar abastecimientos y exigir una gestión más eficiente a los concellos. Lo hecho es insuficiente.

Por eso ha llegado el momento de plantear decisiones estructurales. Galicia debería estudiar con rigor si su capacidad de almacenamiento será suficiente en unas décadas. Esto obliga a evaluar la mejora de los embalses existentes, posibles interconexiones entre sistemas, reutilización de agua, aprovechamiento de recursos subterráneos y, donde resulte necesario, ampliaciones o nuevas infraestructuras. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, lleva años reclamando ampliar el embalse de Eiras. Su voz parecía sonar en el desierto hasta que esta misma semana la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció que la Xunta se plantea nuevos embalses. Sería 25 años después de construirse el último. «Eso no quiere decir que haya que llenar Galicia de embalses, pero en algún sitio habrá que embalsar el agua para tirar de ella», matizó.

Las presas no gozan de prestigio social. Existen razones ambientales y sociales para esa desconfianza, y toda actuación debe someterse a controles estrictos y escuchar a los territorios afectados. Pero tampoco puede convertirse en enfocar toda infraestructura hidráulica como un tabú. Queremos abrir el grifo y que salga agua, regar los cultivos, mantener actividad industrial y, sí, también llenar piscinas. Todo eso exige recursos y planificación. Queremos vivir mejor, con más comodidades, pero sin hacer sacrificios. Deberíamos repensar todo esto. No hay soluciones sin costes. La gestión de lo público consiste en decidir cuáles son asumibles. Consiste en ser valientes. Ahora toca esperar a que el citado anuncio de la conselleira coja cuerpo y se conozca la letra pequeña.

«Galicia mantiene una posición hídrica mejor que buena parte de España, pero ya no puede comportarse como si el agua fuese un recurso ilimitado. Los episodios de escasez y las alertas registradas este verano son más que un aviso»

Mientras, el país añora la lluvia, el Gobierno ha propuesto a la oposición política un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Puede ser útil si sirve para coordinar administraciones, fijar objetivos y garantizar inversiones estables. Pero la oferta no puede presentarse cuando los montes están ardiendo. Mucho menos como un arma arrojadiza oportunista para desgastar a adversarios políticos.

Los acuerdos se construyen cuando no hay cámaras pendientes de vecinos despavoridos huyendo del fuego o agentes jugándose la vida para sofocarlos. La prevención forestal se trabaja todo el año. Y las redes de suministro de agua se renuevan antes de la sequía. Las infraestructuras se prevén décadas antes de que sean imprescindibles.

Galicia debe acostumbrarse a la nueva realidad. Eso no significa resignarse a que arda el monte ni aceptar que falte agua. Ni a que las temperaturas derritan los termómetros. El precio, social, ambiental y económico, es demasiado grande. Y también el de salud pública. Los muertos por calor han superado el umbral de lo admisible.

El clima está cambiando. Nuestra política forestal, nuestra gestión del agua y nuestros hábitos deben cambiar con él. Y hacerlo de forma mucho más rápida y con mayor coraje. Pero en esa política es clave incluir a los ciudadanos. El problema es de todos y la solución, también. Porque de seguir así, el próximo verano volveremos a hablar de lo mismo, pero las cifras serán todavía peores.