Otra legislatura perdida para las grandes infraestructuras

Cuando faltan pocos meses para que se cumplan tres años del tercer Gobierno de Pedro Sánchez —y más de ocho desde su llegada a La Moncloa—, el balance de las grandes infraestructuras pendientes en Galicia, especialmente en el sur, es profundamente decepcionante. Desde junio de 2018 se han sucedido anuncios, compromisos, estudios y promesas renovadas, muchas veces como respuesta a la presión social y mediática, con especial protagonismo de este periódico, siempre vigilante. Sin embargo, los avances materiales han sido mínimos.

La legislatura entra además en su tramo final —prácticamente estamos en precampaña a la espera de que Pedro Sánchez fije la fecha electoral— sin que existan razones para esperar un cambio de ritmo. Frente a proyectos que llevan décadas aguardando, el Gobierno continúa ofreciendo trámites, declaraciones de intención y nuevos horizontes temporales. Galicia no necesita otra ronda de promesas, sino decisiones, presupuestos y obras.

Es cierto que las grandes infraestructuras, que exigen movilizar cientos de millones de euros, precisan tiempo de gestión, maduración administrativa y ejecución. Todos sabemos cuánto pesa el lastre de la burocracia. Pero ocho años constituyen un periodo suficientemente amplio para acreditar una voluntad política decidida. No ha sido así en proyectos cruciales para vertebrar el sur de Galicia, mejorar su competitividad y reforzar su conexión con el norte de Portugal.

El caso más evidente es la conexión ferroviaria directa de alta velocidad entre Vigo y Madrid por Cerdedo. Más de dos décadas después de que se presentase como pieza esencial del eje ferroviario gallego con la Meseta, la variante continúa atrapada en la maraña de la planificación: sin una sola obra iniciada, sin proyecto constructivo definitivo y sin un calendario creíble de ejecución. Nada.

Durante este tiempo se han sucedido gobiernos del PP y del PSOE, ministros y anuncios, pero el resultado material sigue siendo el mismo: ni una sola obra sobre el terreno. Las responsabilidades son compartidas, aunque el Ejecutivo actual ha dispuesto de tiempo más que suficiente para imprimir un impulso que nunca llegó. Tiempo más que suficiente para cumplir sus promesas.

La consecuencia es tan absurda como conocida: un vecino de Vigo y su área que quiera viajar a Madrid en tren debe desviarse antes hacia Santiago, recorriendo cerca de doscientos kilómetros para salvar una distancia inferior a cien (y eso siempre que no acabe en un autobús). Un rodeo impropio de una red que pretende llamarse de Alta Velocidad.

Sin eximir de culpa a sus antecesores, que la tienen, el mandato de Óscar Puente al frente del Ministerio se ha traducido en una acumulación de estudios y trámites, pero no en decisiones que acerquen el proyecto a las obras. Resulta significativo que un ministro tan locuaz haya mantenido un llamativo silencio sobre Cerdedo y que apenas haya pisado Vigo. Ocho años de gobiernos socialistas bastan para exigir algo más que retórica y frases tan manidas como «estamos en ello».

Un patrón similar se repite en la salida sur ferroviaria, llamada a unir Vigo con Oporto. El proyecto continúa en una fase preliminar de planificación, incompatible con la urgencia estratégica que ambos países dicen atribuirle. España responsabiliza a Portugal de los retrasos y Portugal señala la falta de avances en el lado español. Mientras tanto, los plazos se dilatan y no existe una programación que permita confiar en las fechas anunciadas.

A esta incertidumbre se suma la presión de Madrid para que Lisboa priorice su conexión directa con la capital española. El Gobierno sostiene que ambos corredores son igualmente importantes, pero esa equidistancia es cuando menos mosqueante. El BOE sigue sin ofrecer certezas y cada silencio alimenta la sospecha de que el Vigo-Oporto vuelve a quedar relegado.

Del Corredor Atlántico hemos conocido planes, presentaciones y cifras millonarias. Lo que todavía falta es una programación verificable que detalle obras, anualidades, licitaciones y fechas de entrada en servicio. Mientras el Corredor Mediterráneo avanza con calendarios definidos —en 2029 será una realidad—, en el Noroeste persisten las fórmulas vagas de «los proyectos llevan tiempo» o «se cumplirán los compromisos». La sociedad gallega conoce demasiado bien ese lenguaje y, por ello, descree.

La lista de asignaturas pendientes incluye el reconocimiento del Puerto de Vigo como nodo prioritario de la red europea, condición que ya disfruta A Coruña. La terminal viguesa merece ese estatus no por generosidad, sino por su peso económico y logístico. Por justicia. El Gobierno debería defenderlo con firmeza ante la Unión Europea, en lugar de una tibieza difícil de comprender.

Y está un clásico: la AP-9. La Comisión Europea sostiene que la prórroga de su concesión vulneró las normas comunitarias al haberse acordado sin una licitación previa. En dos palabras: fue ilegal. Lejos de ofrecer una solución definitiva, el Gobierno se dispone a defender la prórroga en los tribunales europeos mientras la concesionaria continúa haciendo caja a costa de los usuarios y las propias arcas del Estado (la compensación se acerca a los 400 millones).

La transferencia de la autopista a Galicia, respaldada en el Congreso por PSOE, Sumar y BNG, no resuelve por sí sola el problema esencial: el pago por circular. También el PP debe aclarar sin ambigüedades cuál sería su posición si regresase a La Moncloa. El presidente gallego Alfonso Rueda parece tenerlo claro; en Génova (sede del PP nacional), no tanto. En una cuestión capital para la movilidad de los gallegos no caben juegos de palabras ni dobles discursos.

Galicia y el Noroeste deben asumir además su propia responsabilidad. Frente a la presión coordinada de instituciones, empresas y sociedad civil en el Mediterráneo, aquí ha faltado unidad más allá de los actos simbólicos que protagonizan los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León. Las grandes empresas no pueden seguir comportándose como si estas infraestructuras no afectasen directamente a su futuro. La presión debe ejercerse de abajo arriba y de derecha a izquierda, sin fisuras territoriales ni partidistas.

Los gobiernos presididos por Sánchez no pasarán a la historia por haber modernizado las infraestructuras gallegas, y menos todavía las del sur. Solo nos dejarán el relato de unas promesas repetidas con más perseverancia que voluntad de cumplirlas. El Ejecutivo debe fijar un calendario público para Cerdedo y la salida sur, concretar las inversiones y anualidades del Corredor Atlántico, defender sin ambigüedades el papel del Puerto de Vigo y ofrecer una solución política a la anomalía de la AP-9. Galicia se niega a resignarse a convertir la espera en costumbre.

Los gallegos nos negamos a la resignación, a convertir la espera en costumbre. Basta de compromisos retóricos. Menos palabras y más obras. Galicia tiene derecho a saber qué se hará, cuándo se hará y con qué presupuesto. De no ser así, el saldo será evidente: otra legislatura perdida. Y ya van unas cuantas.