La UE se juega su credibilidad en Palestina

Entre las diferentes varas de medida que se pueden emplear para valorar la credibilidad de la Unión Europea como actor político, su actitud ante la brutal política israelí en Palestina destaca sobremanera y, desgraciadamente, para mal.

Si tomamos, por un lado, lo que los Veintisiete hacen ante el genocidio que Israel continúa realizando en Gaza la imagen resultante es irremisiblemente negativa. Sin necesidad de remontarnos muy atrás –anclados tradicionalmente en una palabrería tan ampulosa como hueca–, basta con recordar su actuación desde junio de 2025. Fue entonces cuando, tras aferrarse al consabido «no le consta» a pesar de las abrumadoras señales en contra, la UE hizo público un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior que reconocía que Israel estaba cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los gazatíes.

En estricta coherencia con sus propios principios y valores y sobre la base del Acuerdo de Asociación UE–Israel, cuyo artículo 2 establece que el respeto de los derechos humanos es la vara de medida de las relaciones entre ambos actores, el siguiente paso debería haber sido la suspensión de todo tipo de relaciones, dada la magnitud de la masacre. Sin embargo, cuando la Alta Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad planteó a los gobiernos de los países miembros la adopción de alguna respuesta –presentándoles nueve opciones, de las que el cierre de relaciones era la más dura–, lo que obtuvo fue un ominoso silencio. Y así hasta hoy, haciendo visible su incoherencia y mostrándose como un actor político inoperante.

Pero tampoco salen mejor parados los Veintisiete cuando se trata de revisar lo que están haciendo mientras Israel lleva a cabo una anexión cada vez más indudable de Cisjordania. A estas alturas, resulta absolutamente claro que la ampliación de asentamientos y los crecientes ataques contra poblaciones palestinas no responden solo al odio y ansias supremacistas de algunos ciudadanos, sino que forma parte de una política oficial del Gobierno más extremista de la historia de Israel. Una política que sus promotores saben que niega el supuesto carácter de Israel como una democracia, pero que aprovecha el apoyo explícito de Washington y la pasividad y complicidad tanto de la UE como de la práctica totalidad de los gobiernos árabes.

«La UE hizo público un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior que reconocía que Israel estaba cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los gazatíes»

En lo que respecta a la Unión Europea, esa violación diaria de los acuerdos alcanzados y de la legalidad internacional –conviene recordar que todos los asentamientos son, por definición, ilegales– tan solo ha llevado hasta hoy al anuncio de meras sanciones personales a algunos colonos –calificados como extremistas, como si el resto de los alrededor de 700.000 habitantes de los 250 asentamientos no fuesen igualmente incumplidores de la ley–. En concreto, en mayo se aprobaron sanciones contra los directivos de las organizaciones Nachala Settlement Movement, Regavim, Hashomer Yosh y Amana. Una medida que ni puede calmar la conciencia de quienes conocen sobradamente lo que ocurre a diario en Cisjordania ni, menos aún, detener una práctica que busca segar vidas e impedir que algún día haya un Estado palestino viable.

Esa notoria falta de voluntad política para actuar de manera coherente y efectiva se está volviendo a poner de manifiesto actualmente en relación con los debates dentro de la UE sobre la posibilidad de prohibir la entrada en el mercado comunitario de los productos que provengan de los asentamientos. Es a todas luces evidente que esos aberrantes enclaves no forman parte del Estado de Israel; por tanto, no deberían poder beneficiarse del ventajoso régimen comercial que Bruselas otorga a Tel Aviv en el marco del citado Acuerdo de Asociación. En la práctica, no obstante, es un hecho sobradamente conocido que, incumpliendo sus propias reglas, la UE permite desde hace años que dichos productos lleguen a su mercado sin problema alguno.

El bochornoso espectáculo de estos días, con una UE que no es capaz de aprobar y aplicar una prohibición tan elemental –tan solo Bélgica, España, Irlanda y Países Bajos lo han hecho a título individual–, vacía de contenido su planteamiento formal a favor de la creación de dos estados. Penoso y trágico sin remedio.