Juicios paralelos (I)

Hace unas semanas me refería en estas páginas a la anomalía que supone la instrucción de procesos penales con permanente exposición pública de sus pormenores, irregularidad que constituye una manifiesta contravención del secreto y reserva que para esta fase del proceso impone la ley. Lo instruido se hace absolutamente transparente, los sumarios aterrizan por arte de infidelidad en las redacciones de los periódicos, radios y cadenas de televisión, y cualquier ciudadano está al cabo de la calle del contenido de las declaraciones de investigados y testigos, del resultado de las pruebas periciales y de cualquier pesquisa que el juez lleve a cabo. Al margen de la evidente ilegalidad y del incumplimiento del deber legal de reserva, se abre con ello la espita para esa peligrosa desviación que son los llamados juicios paralelos (trial by newspaper) o pseudoprocesos en terminología utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Tal vez la denominación, no sea del todo certera, pues el vocablo paralelo alude, según el diccionario de la RAE, a líneas o superficies que mantienen la misma distancia entre sí en todos sus puntos, cuando, en realidad, el juicio paralelo no discurre equidistante del procedimiento judicial; uno y otro apuntan a fines y van en direcciones diferentes. Tampoco nos vale la acepción del vocablo que se refiere a lo que es semejante o equivalente, porque entre ambos «juicios» no hay, en rigor, verdadera semejanza. En uno, la investigación se desarrolla bajo la mirada y dirección del juez que, discreta y reservadamente, busca el conocimiento de la verdad; el juicio paralelo, sin embargo, se basa en una exhibición en la plaza pública de la marcha e incidencias del procedimiento, con lo que, quiérase o no, se va condensando un juicio plebiscitario -sin garantías-, donde se agitan sentimientos y reacciones de orden diverso que nada tienen que ver con el desinteresado conocimiento de la verdad, que es lo que mueve a un juez. En realidad, en los juicios paralelos tiene lugar una suplantación de la actuación de los tribunales por la de aquellos medios que, en ocasiones, se presentan como periodismo de investigación.

Obviamente, no es juicio paralelo la mera información, aún continuada, sobre un determinado juicio. En el juicio paralelo no se traslada a la opinión pública el contenido magro y objetivo del procedimiento, sino que se da información trufada de valoraciones, análisis y criterios sobre los hechos de que conoce el tribunal, comentarios sobre los sujetos del proceso (tribunal y partes), razones para la culpabilidad o inocencia del investigado y reprobaciones, adhesiones o beneplácitos relativos a comportamientos, acciones u omisiones. Y, a veces, todo este material es triturado en la batidora vocinglera y decisora de tertulias y debates en los que intervienen algunas personas que carecen de la adecuada preparación técnica.

Los problemas que plantean los juicios paralelos son de diversa entidad. Dejando ahora a un lado las consecuencias que aquellos pueden acarrear en relación con la presunción de inocencia, la reputación de las personas, la deformación de la verdad o la priorización de intereses económicos -y hasta políticos- por parte de algunos medios, hay una dimensión especialmente delicada en cuanto que afecta al debido proceso, y es la posible influencia que la atmósfera creada por el juicio paralelo pueda, en alguna medida, afectar al tribunal que ha de juzgar, sea profesional o jurado. El problema se produce en el marco de la colisión entre dos derechos constitucionales, el que proclama el artículo 20 de la Constitución (libertades de expresión y de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión) y el amparado por el artículo 24 de la misma Carta Magna (derecho a un proceso con todas las garantías). Esta colisión viene expresada por el propio TEDH que, por una parte, nos recuerda que los procedimientos judiciales son materia de interés general y, por ende, materia relevante en el ejercicio del derecho a comunicar y recibir información, y por otra, señala que la información sobre temas judiciales puede afectar a derechos e intereses que deben ser respetados, como acontece, por ejemplo, con la presunción de inocencia. Pero también puede verse comprometido y en riesgo el derecho a un proceso justo con todas las garantías, si el juicio paralelo, nutrido de información tendenciosa, ha podido ejercer algún tipo influencia en el tribunal acerca de la culpabilidad del acusado.

Aunque no es fácil que los jueces profesionales ya experimentados se dejen influenciar por la presión ambiental creada por un juicio paralelo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no descarta la posibilidad de que aquella atmósfera pueda llegar a menoscabar la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de los tribunales en la medida en que «la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo pueden influir en la decisión que deben adoptar los Jueces», de modo que cuando se da tal circunstancia puede verse lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías, incluso sin necesidad de probar que la influencia tuvo un efecto concreto en la decisión de los jueces; según criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basta con la probabilidad fundada de que tal influencia haya tenido lugar (STC 65/2001 y STEDH caso WORM). La cuestión es, pues, delicada y de enorme trascendencia.

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