Cuando baja la marea del absentismo

Hay debates públicos que fracasan antes de empezar porque quienes participan en ellos emplean un lenguaje distinto para describir la misma realidad. El absentismo laboral es uno de ellos. Para unos, equivale a cualquier ausencia laboral. Para otros, hablar de absentismo supone poner bajo sospecha a quien presenta una baja médica. Ninguna de esas lecturas ayuda a comprender el problema. Como ha señalado Antón Costas en una reciente entrevista, lo primero que necesitamos es un lenguaje común y un análisis riguroso de lo que hay detrás de cada ausencia, sin caer en la caricatura de pensar que, de repente, millones de trabajadores se han vuelto menos responsables.

La conocida metáfora de Warren Buffett - «solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo»- ayuda a entender el debate sobre el absentismo. Mientras la economía crecía y la escasez de mano de obra ocultaba muchas ineficiencias, el aumento de las ausencias se interpretó como un coste más de la recuperación. Sin embargo, cuando la competitividad vuelve a situarse en el centro del debate económico, la marea baja y deja al descubierto problemas estructurales que ya existían, pero habían pasado inadvertidos.

La primera tiene que ver con la forma de abordar el fenómeno. Bajo una misma etiqueta conviven realidades muy distintas: desde ausencias que corresponden al ejercicio legítimo de derechos laborales o a una enfermedad, hasta situaciones en las que existen ineficiencias, retrasos administrativos, entornos laborales poco saludables o incluso comportamientos abusivos. Confundir unas con otras conduce inevitablemente a un debate estéril, en el que se terminan por cuestionar derechos o por negar problemas que sí requieren una respuesta.

Tampoco los datos respaldan las explicaciones simplistas. El incremento reciente del absentismo responde, sobre todo, al aumento del número de bajas médicas y, en menor medida, a su duración. Detrás de esa evolución conviven patologías muy diferentes: las enfermedades musculoesqueléticas, los trastornos de salud mental y las enfermedades graves que generan bajas necesariamente prolongadas. Pretender combatir todas ellas con una única receta resulta tan ineficaz como injusto.

A ello se suma un problema menos visible, pero igualmente determinante: el propio diseño institucional. En España, la decisión clínica sobre la incapacidad temporal corresponde a los servicios públicos de salud, mientras que una parte muy significativa de sus costes recae sobre la Seguridad Social y las empresas. Esa separación entre quien prescribe y quien asume las consecuencias económicas dificulta la coordinación, debilita los incentivos para una gestión más eficiente y prolonga procesos que, en muchos casos, podrían resolverse con mayor agilidad si existieran sistemas de gobernanza mejor integrados. La AIReF viene advirtiendo desde hace tiempo sobre esta disfunción estructural.

La marea también deja al descubierto las debilidades de muchas organizaciones. Numerosas empresas reconocen que apenas analizan las causas de las bajas, carecen de políticas preventivas consolidadas y reaccionan redistribuyendo el trabajo entre quienes permanecen en sus puestos. Esta estrategia puede resolver la urgencia inmediata, pero acaba aumentando la sobrecarga, deteriorando el clima laboral y alimentando nuevas ausencias.

Estas razones confluyen en la necesidad de reivindicar el papel del diálogo social en un momento en el que demasiados debates se instalan en la confrontación antes que en la búsqueda de soluciones. Las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y los sindicatos están llamados a sentarse alrededor de una misma mesa, no por una cuestión de escenografía institucional, sino para arremangarse y trabajar, porque la naturaleza del asunto lo exige. Ninguno dispone, por sí solo, de todas las herramientas necesarias para corregir una realidad en la que confluyen factores sanitarios, laborales, organizativos e institucionales. Solo desde un diagnóstico compartido podrán diseñarse políticas que mejoren la prevención, agilicen la gestión de las incapacidades temporales, refuercen la corresponsabilidad de todos los actores y, por encima de todo, preserven los derechos de quienes legítimamente necesitan ausentarse de su puesto de trabajo. En un asunto de esta complejidad, el consenso no representa la meta sino el único punto de partida posible.

Porque, cuando baja la marea, no basta con descubrir las debilidades que permanecían ocultas. Lo verdaderamente importante es aprovechar ese momento para corregirlas antes de que vuelva a subir.