Arranca la cuenta atrás: once meses para las municipales

A expensas de lo que pueda acontecer en las próximas semanas con un Gobierno tambaleante, agonizante, más pendiente de las novedades que casi a diario procuran las numerosas causas judiciales que lo cercan que de planificar el futuro inmediato, ya no digamos el largo plazo, y que podrían, para no pocos deberían, desembocar en el carpetazo a la legislatura y la llamada a las urnas, la siguiente cita electoral prevista en el horizonte serían los comicios municipales de mayo de 2027. Pero un año en política es una eternidad.

El Gobierno está deseoso de que el inminente verano baje el diapasón de la vertiginosa actividad investigadora y judicial, un tiempo estival, en el que la ciudadanía, y también los magistrados y fiscales, se entrega al ocio y al relax; un tiempo que le daría un respiro después de meses de continuos sobresaltos y escándalos, a cada cual mayor. Por su parte, la oposición, con el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al frente, ansía que los agentes de la UDEF y la UCO, las unidades de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, renuncien a las vacaciones y aceleren su acción para que la demolición de Pedro Sánchez, su equipo y sus socios de gobierno sea completa.

Sin embargo, la legendaria y contrastada capacidad de resiliencia de Sánchez y el rechazo, por mucho que lo disimulen, de partidos claves, como PNV o Junts, a apoyar un cambio que debería contar de forma inexcusable con Vox, formación ultra partidaria de destruir el Estado autonómico, permiten, a día de hoy, al presidente español, y a su entorno, propalar la idea de que hay Gobierno para rato. Su anuncio, un brindis al sol, de que tras el verano presentará los Presupuestos Generales de 2027, los primeros en cuatro años, aspira a transmitir esa idea de continuidad, pase lo que pase. Su perseverancia es más una muestra de fe, o desesperación, en la que pocos socios creen. En todo caso, es sabida la capacidad proverbial de Sánchez para gestionar el calendario político y nadie podría descartar una convocatoria sorpresa, como ya ocurrió el 23 de julio de 2023.

Pero si las cosas siguiesen su rumbo normal —un adjetivo que nada casa con la política nacional— sería el 23 de mayo de 2027 la próxima ocasión en la que los ciudadanos serían convocados para elegir a sus alcaldes y alcaldesas por un periodo de cuatro años. Las maquinarias de los partidos en Galicia han empezado a trabajar con la vista puesta en esa meta.

La incertidumbre sobre la política nacional lo contamina todo. En este contexto, los partidos del espectro de la izquierda desean que los comicios tengan una naturaleza estrictamente municipal, y rechazan de plano un superdomingo electoral, en el que locales y generales se entremezclen. Ningún alcalde o alcaldesa de la izquierda desea que en la misma jornada los ciudadanos tengan que coger una papeleta para elegir entre ellos y sus rivales y coger otra en la que aparezca Sánchez. Les espanta la idea de plantear esos comicios como un plebiscito a favor o en contra de Sánchez. Al PP, sin embargo, esa idea le encantaría. La presión de los alcaldes socialistas para evitar ese superdomingo es total y lo natural es que, si nada todavía mayor lo precipita —aunque el listón ya está demasiado alto—, Sánchez convoque antes o después de mayo (ciertos augures apuntan a marzo). Veremos.

Ante esta tesitura, los responsables municipales y sus aparatos afrontan un verano más estresante de lo habitual. Dedicarán un tiempo de asueto a cargar las pilas y revisar su cronograma de actuaciones, programas, proyectos y obras pendientes. Saben que a partir de septiembre el reloj adquiere una velocidad endiablada y que la prohibición casi dos meses antes de acudir a las urnas de presentar, anunciar o inaugurar acorta sobremanera el calendario. El margen de exhibir lo hecho se achica y aquello que no se pueda vender en el primer trimestre de 2027, no tendrá rédito electoral. Son tiempos de cálculos y urgencias. De presión y apreturas.

Las elecciones municipales tienen una naturaleza especial en la que no pesan tanto la fuerza o la salud de los partidos como la gestión real. Son las elecciones más personalistas, en donde los liderazgos se someten a un test de estrés. También sus proyectos e ideas para el desarrollo de sus territorios. Casi se podría afirmar que son las elecciones más democráticas, porque se pone nota a aquello que afecta de forma más directa a la ciudadanía: limpieza, transporte, seguridad, vivienda, espacios públicos, política cultural, ocio...

Las últimas encuestas conocidas no vislumbran grandes cambios en las ciudades gallegas. El caso paradigmático es el de Abel Caballero, quien tendría más que asegurado su sexto mandato consecutivo. El margen de victoria que le dan las encuestas garantiza de largo otra mayoría absolutísima. Sin llegar a este extremo, en Pontevedra el nacionalista Miguel Fernández Lorez también estaría a un paso de firmar su octavo mandato. En A Coruña la socialista Inés Rey podría repetir, lo mismo que Goretti Sanmartín, del BNG, en Santiago, si bien en estos dos casos la holgura de la victoria es suficientemente estrecha para dar pie a un cambio. En Lugo está por ver el efecto de la moción de censura impulsada por la popular Elena Candia que la catapultó a la Alcaldía. Y Ourense es, de nuevo, una caja de sorpresas, una moneda al aire, con el estrafalario Gonzalo Pérez Jácome con muchas papeletas para repetir. Ferrol parece una plaza fija para José Manuel Rey Varela, y en Vilagarcía, Alberto Varela tiene en su mano la continuidad. Esta radiografía puede sufrir modificaciones. Un año es al mismo tiempo poco y mucho tiempo, pero la experiencia nos enseña que la recta final no suele ser un periodo propicio para los revolcones demoscópicos. Salvo que acontezca un imprevisto.

Las ciudades al margen, la gran pelea de mayo de 2027 se librará en las diputaciones provinciales, instituciones claves en Galicia. El Partido Popular, con el liderazgo de Alfonso Rueda, aunque no se diga abiertamente, se ha marcado como gran objetivo gobernar las cuatro, es decir consolidar Pontevedra y Ourense y arrebatar a los socialistas A Coruña y Lugo. El desafío es mayúsculo y el éxito sería histórico. Rueda firmaría un hito que su predecesor Alberto Núñez Feijóo fue incapaz de conseguir durante sus 13 años dirigiendo la Xunta. Por supuesto ese logro pasaría por revalidar su hegemonía en la mayoría de los concellos de tamaño medio y pequeño de la comunidad. Para ello pretende aprovechar la gestión de sus regidores, la fuerza del PP gallego y el indudable deterioro de la marca PSOE, que difícilmente quedaría compensado por un ascenso del BNG. Si el PPdeG finalmente lo consiguiese, su probable fiasco en las ciudades quedaría diluido.

El reto del Partido Socialista de Galicia, que como organización no vive precisamente su mejor momento y cuya aportación al capital local es magra, pasaría por mantener sus gobiernos locales emblemáticos, arañar algún otro, ratificar sus diputaciones de A Coruña y Lugo y recuperar la de Pontevedra. En esta última van a echar el resto, convencidos de que el sorpasso sufrido en 2023 no se volverá a repetir. Ahora están a golpe de un diputado provincial y esa exigua ventaja popular es lo que alimenta su sueño, pero para ello tendrían que repetir resultados extraordinarios, como el de Vigo, y dar un salto en aquellos municipios en donde han sufrido dolorosos descalabros. La suma no es sencilla.

El BNG, por último, está ante otra excelente oportunidad para demostrar que son la única alternativa real al PP. Su control municipal es escaso y necesita visibilizar que es un partido de gobierno y no una mera fuerza de combativa oposición. Es tan cierto que en aquellos concellos que gobierna refrenda con solvencia sus bastones municipales —un dato que habla bien de su gestión local— como que tiene notables dificultades para añadir nuevos alcaldes y alcaldesas a su patrimonio. Su apuesta en las grandes ciudades ha sido, salvo en Pontevedra y Compostela, fallida y el refrendo de las candidaturas ya testadas, y fracasadas, en las urnas es un indicador más de un premio a lealtades que de un convencimiento ambicioso de que el cambio es posible. Renovar no es un verbo que se conjugue con frecuencia en las filas nacionalistas.

Sobre el posible impacto de Vox en la conformación de gobiernos locales poco se puede decir. Especular sobre su efecto es a día de hoy un juego más propio de adivinadores que de politólogos y analistas. A falta de diez meses para los comicios no se conocen candidaturas ni proyectos. Nada. Vox es solo un partido unipersonal, que se mueve al antojo de su líder Santiago Abascal. Encuestas vaticinan que estaría cerca de entrar en las corporaciones de alguna gran ciudad, pero eso es pura conjetura. Sin embargo, la zona de sombra, siempre bajo el radar, en la que se mueve Vox hacen inútiles los augurios, y no deja de ser una anomalía que el partido ultra, con una evidente pujanza e influencia en otros territorios, no encuentre en Galicia el mínimo acomodo. Algún día pasará.

El 23 de mayo los ciudadanos tendrán la palabra. Con su voto disiparán incertidumbres y dirán quiénes quieren que gestionen sus calles, plazas, barrios y parroquias. Su día a día. El reloj de la cuenta atrás se ha puesto en marcha.