Una PAU propia del siglo XXI

Lo peor que le puede pasar a un proceso controvertido y antipático es que se le añada el factor de la incertidumbre, no digamos ya la chapuza. La selectividad de toda la vida, rebautizada ahora como PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad), es un modelo que a nadie gusta pero que todos aceptan como un mal necesario. De alguna forma, argumentan las autoridades educativas, hay que medir las competencias de los alumnos —como si las calificaciones de una trayectoria académica no fuesen suficiente aval— y se debe cribar el flujo hacia la institución universitaria. No todo el mundo puede cursar lo que desea, así que se hace imprescindible establecer un filtro que priorice las peticiones.

La selectividad parte de dos consideraciones inobjetables: la desconfianza en la credibilidad del modelo educativo, especialmente en el bachillerato, y la fragmentación (17 comunidades cada una celosa defensora de su autonomía). Así, las calificaciones que obtiene el alumnado durante sus dos cursos de bachiller forman una parte (es cierto que mayoritaria) de una valoración final que debe ser complementada por los resultados de la PAU (que suelen bajar esas notas previas).

Es imposible resumir la casuística, pero la experiencia nos aporta algunas conclusiones irrefutables. Por ejemplo, que en algunas comunidades (curiosamente, o no, suelen ser siempre las mismas) las calificaciones de bachillerato son más generosas que en otras (con diferencias adicionales entre enseñanza pública y concertada/privada). Esa inflación de notas, esa manga ancha, tiene su continuidad en la selectividad. El fenómeno, no por sistemáticamente denunciado menos real, limita las posibilidades de algunos alumnos para optar a una carrera (el caso de Medicina en la facultad de Santiago es paradigmático, con una legión de alumnos formados en otros territorios).

Ya se ha dicho que la PAU es un modelo que entraña riesgos (el estudiantado se lo juega todo en tres días, un periodo en el que los nervios y el estrés alcanzan cotas máximas), pero ante esta crítica se replica que es un modelo justo e igualitario, dos adjetivos que deberíamos recibir con cautela. Ni los temarios son idénticos ni la formulación de las preguntas o el grado de dificultad son iguales en todos los territorios. Ni, por supuesto, la exigencia de la corrección. Depende de dónde se ponga el listón, el resultado puede cambiar de forma notable. Pese a los intentos por una homogeneización, lo cierto es que la vida sigue igual... o peor. No ya un punto, sino unas décimas son decisivas para cursar la carrera deseada o quedarse a las puertas y tener que aceptar la segunda o la tercera opción (o salir fuera de Galicia, incluso de España, hacia otra institución, en no pocas ocasiones privada).

Frente a este modelo antiguo, por mucho que se le quiera dar una pátina de modernidad con cambios de enfoque (más reflexión y análisis, menos memorización; más expresión e interpretación, menos réplica de contenidos), hay quienes postulan otro más directo y efectivo, como la realización de pruebas en cada facultad. Esta vía permitiría comprobar las aptitudes reales del candidato para la titulación y valorar su vocación, en definitiva, eliminar a aquellos alumnos (incluso con notas muy elevadas) que carecen de una convicción o aptitudes adecuadas. La propuesta, defendida por algunos centros de formación de profesorado, nunca ha prosperado, porque su implementación en España podría ser caótica. Un pandemónium.

Este año el proceso, que dista de la equidad que pregona, ha estado enturbiado por los graves errores en los enunciados de dos exámenes: Historia y Dibujo Técnico. Honestamente, se hace muy difícil de aceptar fallos de esta magnitud que pueden ocasionar un perjuicio irreparable. La reacción al escándalo, porque sin duda lo es, de la CiUG, la Comisión Interuniversitaria de Galicia que coordina los exámenes de acceso, no ha estado a la altura de lo esperable. Y menos cuando ya ha habido sonoras equivocaciones en las convocatorias de 2019 y 2023, subsanadas a la carrera.

El error humano siempre es una posibilidad, es indiscutible, pero de la misma forma que el error del alumnado a la hora de contestar las respuestas se penaliza, lo mismo debería ocurrir con el de los examinadores. Los chicos se juegan demasiado para que el proceso no tenga las máximas garantías. Suficiente estrés sufren para que se peleen con un examen mal planteado. Parece imposible de creer que nadie haya supervisado esas preguntas antes de escribirlas negro sobre blanco. Y la promesa de ser flexible en la corrección de las pruebas ha añadido otro elemento de incertidumbre. Flexibilidad es un término demasiado amplio e inconcreto como para saber en qué consiste. Se entiende que los correctores trataron de ser comprensivos y generosos a la hora de calificar, pero cuánto eso nunca lo sabremos. Si toda labor de corrección lleva implícita una carga innata de subjetividad, imaginemos añadirle un factor de compensación tan etéreo.

Educación ha aprovechado la polémica para reiterar su intención de intervenir en un proceso que, en su opinión, está lastrado por «un carrusel de errores». El conselleiro Román Rodríguez, respaldado por el presidente Alfonso Rueda, ha urgido a la CiUG a asumir responsabilidades, se sobreentiende que con dimisiones, y aspira a liderar la PAU. Todo lo que se pueda hacer para mejorar un modelo con fisuras, bienvenido sea, pero la intervención de la consellería no es necesariamente garantía de pulcritud. Sin ir más lejos, en convocatorias de oposiciones también ha habido errores.

Las tres universidades gallegas han salido al paso, no sin una flagrante falta de reflejos, para aclarar dos aspectos: el primero, que desde 1993 la Xunta forma parte de la CiUG, con una representación del 50% en el organismo. Dicho en otras palabras, que no ha lugar a su pretensión de desmarcarse de la desfeita, porque es corresponsable (salvo que sus tres representantes no hayan asistido a las reuniones, algo que lo haría todavía más grave). Y la segunda cuestión, mucho más interesante que la gresca político-académica, es que admite la necesidad de incorporar unas mejoras que, asegura, propuso a la propia consellería ¡¡¡hace dos años!!! para reducir “el riesgo del error humano”. Dos años de espera. Resultaría una broma si no fuese patético.

De lo que se trata, en definitiva, no es tanto de quién lleva las riendas, sino de extremar todos los mecanismos garantistas y poner el foco en los alumnos, en lo que se juegan. Todo ello precedido de un acto de contrición sincero (hasta ahora ha sido con la boca pequeña). En los días previos a las pruebas hemos asistido a recurrentes mensajes advirtiendo sobre las extraordinarias medidas de seguridad para evitar el copieteo, como si el objetivo principal de los estudiantes fuese hacer trampas. Sería conveniente que la CiUG (las universidades y la propia consellería) ponga igual celo en exigir a sus examinadores que formulen enunciados correctos y ajustados a los criterios que ellos mismos fijan. La demanda es de cajón. Sin embargo, si se empeñan en ignorarlo o de echarse las culpas unos a otros, la selectividad, la PAU, o como se pueda llamar en el futuro, seguirá cosechando un aprobado raspado.