¿Quién vigilará a los vigilantes?

Uno de los asombros de estos días consiste en que los cuerpos policiales se estén registrando a sí mismos, incluso en sus cuarteles de mando. Lo hacen para averiguar, por orden del juez, si es cierto o no que algunos miembros de esas fuerzas han colaborado con una presunta trama delictiva para entorpecer ciertas investigaciones que perjudicarían al partido gubernamental.

Todo tiene su explicación, incluso filológica. El término policía («politeia» y «politia») procede del latín y, a su vez, del griego, que le daban un sentido de organización basada en la ley y su cuidado. Tras una larga evolución histórica, la Policía llegó al diccionario bajo esa acepción y también la de limpieza o aseo.

Dados esos orígenes no extrañará que fuese un romano -el poeta Juvenal- quien plantease una cuestión muy de actualidad casi dos mil años después. ¿Quién vigilará a los vigilantes?, se preguntaba el vate. La respuesta la ofrecen estos días las propias unidades de la policía judicial que actúan bajo las órdenes de los magistrados. Los vigilantes se vigilarán entre ellos, como no podría ser de otro modo.

Se trata de una buena noticia, claro está. Que la Policía, Hacienda o cualquier otro organismo del Estado se purgue a sí mismo es prueba de que el sistema va bien.

Al menos en apariencia, los equilibrios de poderes que se controlan entre sí funcionan en España como en cualquier otro país de democracia avanzada. Da fe de ello el dato de que la nuestra forme parte desde hace años del selecto ramillete de solo 26 «democracias plenas» existentes en el mundo, según el Democracy Index.

Lejos de alegrarnos de tan feliz circunstancia, no falta quien repute nada menos que de dictadura al régimen vigente en España. Coinciden extrañamente en esta idea algunos seguidores del partido al mando, para quienes el Poder Judicial se entromete en política con la aviesa intención de derribar por vías no democráticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya decía Jardiel Poncela en cierta famosa comedia que los extremos (él decía jocosamente los extremeños) se tocan.

No hay para tanto. Por perplejo que tenga al personal la sucesión de registros en oficinas del partido gobernante, de un expresidente del Gobierno o de instituciones del Estado, esto es de lo más normal e higiénico.

Bajo la doble acepción de custodios de la ley y de la limpieza, los policías bajo el mando de los jueces investigan qué pueda haber de cierto o no en las sospechas de corrupción. Lo anómalo sería que mirasen a otro lado o, peor aún, barriesen el polvo bajo la alfombra.

Falta por saber si el ruido de estas investigaciones y su eventual desenlace van a hacer que España baje del excelente puesto 22º que ahora mismo disfruta entre las más desarrolladas democracias del mundo. Lo averiguaremos el año que viene.