La ciencia no desmonta el conflicto de la eólica marina

El reciente artículo publicado en este diario bajo el título «La ciencia desmonta el relato contra la eólica marina» transmite una idea rotunda: que la evidencia científica ya habría demostrado la compatibilidad entre eólica marina y pesca. Esa afirmación resulta, como mínimo, prematura. Y la propia ciencia independiente lo desmiente.

El ejemplo utilizado —WindFloat Atlantic, frente a Viana do Castelo— corresponde a una instalación experimental de tres aerogeneradores y 25 MW. España prevé instalar hasta 3.000 MW de eólica marina y la suma de proyectos presentados supera los 28.000 MW.

Pretender extrapolar esos resultados a futuros polígonos industriales de los POEM supone un salto metodológico que ninguna publicación científica seria avalaría. No es lo mismo evaluar tres estructuras flotantes que analizar el impacto acumulativo de cientos de aerogeneradores ocupando amplias superficies marítimas durante décadas. Además, el informe citado fue encargado y financiado por la propia empresa promotora y no ha sido sometido a revisión por pares.

Frente a él, la literatura científica independiente dice otra cosa. El Helmholtz-Zentrum Hereon demostró en 2026 (Communications Earth & Environment) que los parques eólicos offshore alteran corrientes marinas a escala de cuenca, modifican la estratificación de la columna de agua y provocan calentamiento superficial. El ICES, en su informe WGOWDF de 2025 —62 expertos, 14 países—, concluyó que persisten incertidumbres clave sobre los efectos a largo plazo en los stocks pesqueros. Y Josep Lloret (ICM-CSIC), en Marine Pollution Bulletin (2025), estableció el principio NIMPA: los parques eólicos no deben considerarse herramientas de conservación ni áreas marinas protegidas de facto.

Hay, además, una contradicción reveladora. Se celebra que haya más fauna en el entorno del parque, pero se reconoce que existe una zona de exclusión que prohíbe toda actividad pesquera. Hay más peces porque no se pesca, no porque las turbinas beneficien al ecosistema. Y cuando se promete que los futuros parques permitirán la coexistencia con artes de pesca, se está eliminando la exclusión que genera el supuesto efecto positivo.

La pesca profesional no niega la transición energética, pero si reclama aplicar el principio de precaución (art. 191.2 TFUE), cuando no existe consenso científico suficiente sobre los efectos acumulativos, las autoridades deben extremar la cautela. Ese principio no exige demostrar un daño absoluto, sino que obliga a actuar cuando existen dudas razonables sobre impactos graves o irreversibles.

Resulta preocupante que cualquier crítica se presente como alarmismo o resistencia ideológica. La pesca produce alimento, sostiene empleo, fija población litoral y conserva un conocimiento ecológico acumulado durante siglos. Un pescador no puede trasladar su actividad como quien mueve una industria terrestre. Cuando se pierde un caladero, se pierde una forma de vida.

La ciencia no debería utilizarse para cerrar debates, sino para hacerlos más rigurosos. Porque el mar no es únicamente un espacio para producir energía, es también ecosistema, alimento saludable, soberanía alimentaria, cultura y trabajo. Quienes vivimos de él merecemos que las decisiones se tomen con prudencia, no con consignas.

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