Ojos que no ven, corazón que no siente

Alarmados por el crecimiento en sus países de la extrema derecha, los gobiernos de la UE han decidido agilizar y endurecer los procedimientos de expulsión de inmigrantes no deseados, es decir, de quienes supuestamente nada aportan al país de acogida y suponen por el contrario una carga para sus servicios públicos.

Y así acordaron, entre otras medidas, la creación de «centros de deportación» en terceros países, como los ya impulsados por Italia en Albania y criticados por Amnistía Internacional, para todos aquellos inmigrantes a los que se deniegue el derecho de asilo y a los que no se puede expulsar directamente a sus lugares de origen.

Esperemos en cualquier caso no tener que soportar en el futuro imágenes tan escandalosas como las de esa cárcel de El Salvador a la que el Gobierno de Washington envió en marzo de 2025 a cientos de venezolanos y colombianos expulsados por la fuerza de EE UU.

Aquellas expulsiones fueron criticadas en su día por los europeos como una muestra de la crueldad y profunda ignorancia del presidente Donald Trump.

Los «centros de deportación» ( en inglés return hubs) pueden sonar menos terribles que aquellas imágenes de presos arrodillados y con la cabeza rapada en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inicialmente destinado a pandilleros, pero que acogieron a los latinoamericanos expulsados por el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas de EE UU).

¿Hay, sin embargo, garantías de que los inmigrantes considerados ilegales o los solicitantes de asilo en espera de que se resuelva su situación van a ser tratados con un mínimo de humanidad en los centros de deportación que se abran en países africanos y a los que se pague por mantenerlos funcionando?

¿Podrá garantizar la UE el cumplimiento de los derechos humanos de los recluidos en esos centros que se creen lejos de nuestro continente, que no se los somete a torturas, a violencia sexual o a humillaciones? Claro que «ojos que no ven, corazón que no siente».

El acuerdo aprobado otorga a los gobiernos poderes mucho más amplios para detener y deportar a personas, denuncia, por ejemplo, el Comité Internacional de Rescate. Así se normalizan, según esa oenegé, las redadas de inmigrantes, como las que se llevaron a cabo en EE UU, y se aumenta el riesgo de que los detenidos sean deportados a países donde pueden sufrir persecución y torturas.

De lo que sobre todo se trata es de infundir miedo en los inmigrantes, como ocurre ya en los EE UU de Trump, para que los que están ya aquí abandonen «voluntariamente» y cuanto antes el continente y quienes no han llegado se abstengan de intentarlo.

Y para ello se recurre a métodos que solo cabe calificar de «neocoloniales» como es utilizar a países que fueron colonias europeas para, mediante el pago de dinero a sus actuales gobiernos, acepten a todos aquellos, vengan de donde vengan, a los que no quiere Europa. Países que por cierto en algunos casos soportan ya más inmigración que la propia UE.

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