Rectificar

El periodismo siempre ha estado envuelto en cierto ambiente fatalista. Es un oficio en crisis permanente. Desde que estoy en esto, he escuchado miles de veces que el reloj que marcaba la cuenta atrás de un seguro final estaba en marcha. Ha habido, hay y habrá augures que viven, y muy bien, solo de expandir (o expeler) profecías apocalípticas, qué más da que luego no se cumplan. Otros se afanan por buscar nuestra conversión; no soportan las posiciones heréticas y se entregan a la causa de la reeducación. Lo cierto es que seguimos aquí y que aquí seguiremos, soportando una presión cada día mayor en un vano intento de que corrijamos rumbos, nos acostumbremos a la genuflexión o, el sueño húmedo de algunos, arriemos la bandera. Y no.

El periodismo resiste porque los ciudadanos quieren, necesitan, exigen saber. Sin conocimiento, no hay criterio; sin criterio, no hay toma de decisión adecuada; sin decisiones, no hay libertad; sin libertad, no hay democracia. Periodismo y libertad conforman una unidad. Por eso el periodismo es peligroso. Por eso algunos intentan callarlo. Asfixiarlo. El ejemplo perfecto de esta nueva/viejísima estrategia lo encarna Donald Trump. El presidente de EE UU, ya que no puede capturar, deportar y encerrar a los periodistas y editores críticos en la megacárcel de El Salvador, ha optado por buscar su aniquilación en los juzgados. Así promueve al menos seis demandas contra medios anglosajones (ABC, CBS, The Wall Street Journal, BBC, The New York Times…) por un importe total de 55.000 millones de dólares. Una cifra tan mareante, es evidente, no persigue justicia sino venganza, extinción. Esperemos que los jueces sepan aguantar el tipo, pero, sinceramente, mi confianza en el sistema judicial –y no solo el de Estados Unidos– tiende a menguar.

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Me apunto

En nuestro país, España, el ambiente no contribuye a ser más optimista. Estamos rodeados de trumpitos. Los periodistas encontramos con frecuencia en los propios periodistas a nuestro peor enemigo. Hoy cualquier entidad, institución, organismo, club, empresa, asociación, artista, futbolista y por supuesto gobierno cuenta con un gabinete de comunicación propio o externalizado. Toda esta vastísima red de sedicientes informadores tiene la misión única de vender su mensaje, desde lo publicitario o lo meramente propagandístico. Se encargan de filtrar las comunicaciones directas o incluso frenarlas. De facilitar generosamente datos que, curiosamente, suelen dar lustre al lado más positivo de sus clientes. De hacer pasar por verdad única lo que es media verdad o flagrante mentira. De hacer recomendaciones de con quién hablar o con quién no hacerlo (a eso le llaman facilitar fuentes).

De meter en la nevera preguntas, cuestiones o dudas que los periodistas le hayan formulado (estamos en ello, es la respuesta de manual). De mostrar su malestar, incomodidad, crítica, incluso indignación cuando leen, ven o escuchan algo que a sus clientes no les ha gustado. En fin, los gabinetes de (des)información no son aliados, como se ve, aunque, para ser honestos, también los hay profesionales y eficientes… pero nunca perderemos de vista que ellos están en el otro lado de la barra. Algunos me reprocharán que generalizo injustamente. Esos suelen ser los mismos que generalizan cuando hablan de nuestro oficio.

Desde hace un tiempo, y por si fuera poco, el periodismo ha encontrado un nuevo adversario, difícil de vencer, en forma de ley. Ahora cualquiera, desde la institución más venerable al panoli de turno, acude presto a un asesor jurídico (que se deben estar forrando con esta martingala) para exigir airadamente a los medios que rectifiquen una noticia. Y para ello recurren a una norma anacrónica, estúpida, nefasta, injusta y dañina que data de 1984: la Ley Orgánica 2/1984, reguladora del derecho de rectificación. Esta joyita jurídica nos obliga a publicar literalmente el texto de cualquier ofendidito sobre una información que incluya «hechos inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio».

No les aburriré con el resto del articulado, pero digamos que esa cita textual recoge el espíritu de una ley que deberíamos ver lógica: si metes la pata, debes rectificar; y si tú no lo haces, lo normal es que se te obligue a darle cancha a quien se ha sentido agraviado de forma injusta. ¿Pero qué ocurre si la información de marras NO incluye «hechos inexactos»? ¿Qué ocurre si lo que publicamos es cien por cien cierto, veraz? ¿Qué pasa si no hay nada erróneo ni equivocado? ¿Tenemos entonces los medios la obligación de publicar UNA RECTIFICACIÓN? El sentido común nos dicta que no, pero, ay amigos, la norma carece del mínimo sentido común y nos obliga a darle difusión en los términos exactos que incluya el texto del presunto damnificado, sin realizar apostillas, ni comentarios ni contexto. Los periodistas nos equivocamos, sí, pero si algo nos reconcome es hacerlo. No nos gusta rectificar, es evidente, pero no tengáis la menor duda de que lo haremos. Porque admitir el error nos hace más fuertes; refuerza nuestra credibilidad. Es un ejercicio de justicia y de honestidad. Resumen: no buscamos impunidad, solo queremos informar sin miedos, ataduras, coacciones. Vengan de quien vengan.

Este derecho de rectificación que se nos impone y nos deja inermes no es más que el derecho de réplica de toda la vida. Es ofrecer la versión de la otra parte, que generalmente ya suele estar recogida en todo buen trabajo periodístico. Pero dar la versión de la otra parte no significa, en absoluto, que lo que se nos dice sea la verdad. Por eso, cuando veáis en los periódicos textos que aparecen bajo el sello de rectificación, os recomendaría que no cayeseis en la tentación de condenar automáticamente al periodista o al medio («¡mira que mete la pata esta gente!»), sino de buscar qué se ha publicado y cómo se ha publicado, y qué piden que se rectifique. Soy consciente de que esto da mucho más trabajo, pero ese el camino correcto que conduce al buen periodismo. La alternativa a no publicar esa (NO) rectificación es que el asunto acabe en los juzgados y, como ya os dije más arriba, tiendo a estar lo más alejado posible de un territorio en lo que todo es posible, en la que nada está garantizado y la relatividad campa a sus anchas. En donde verdad y mentira, justicia e injusticia se confunden con peligrosa frecuencia. Lo digo por experiencia. Y la vigencia de esta ley de 1984, cuando el franquismo era más que un episodio funesto de nuestra historia y la libertad y los derechos de todos (incluidos los de los periodistas) estaban todavía muy tiernos, es una prueba flagrante de ello. Y de todo lo dicho no rectifico ni una coma.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es

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