De jueces y abogados (I)

Recibo un programa que da noticia de un ciclo de conferencias sobre reformas en la Administración de Justicia. Llevamos años, décadas, a vueltas con el tema. A la entrada de los edificios judiciales - antes Palacios de Justicia, hoy Ciudades de la Justicia (la diferencia importa y es elocuente)-, debiera figurar, de modo permanente y bien visible, un cartel donde rezase esta advertencia: «Estamos de reformas, disculpen las molestias». Tal es el estado de la Administración de Justicia desde que, joven e imbuido de las virtudes cuasiteologales de fe, esperanza y candidez (sí, candidez, no caridad), ingresaba en la carrera judicial tras el arduo esfuerzo que supone la superación de las consabidas oposiciones.

Todas estas jornadas y ciclos de conferencias organizados en torno a las necesarias reformas en la Administración de Justicia adolecen de una amputación injustificable. Se ocupan, eso sí, de la agilización de los procedimientos, del incremento del número de jueces, de la necesidad de dotación suficiente y actualizada de medios materiales, o de la reordenación de la demarcación judicial. Y todas ellas son – qué duda cabe- cuestiones pertinentes que merecen nuestra atención, pero la mejora de la Administración de Justicia – que lo es a la vez, no se olvide, del Estado de Derecho- no puede agotarse en el tratamiento de esas dolencias crónicas; precisa de algo más que siempre queda en el olvido pese a su indiscutible relevancia: la calidad de jueces y abogados. Unos y otros son piezas fundamentales, actores principales en la Administración de Justicia. Poco avanzaremos con la modernización de la informática en los tribunales, la mejora de sus instrumentos de trabajo -procedimientos y medios materiales- si todo ello no se acompaña del cuidado y preocupación por la calidad de nuestros jueces y abogados. Denme coches inteligentes y veloces, y autopistas formidables, que de poco servirán si no contamos con buenos conductores y mecánicos solventes. Entonces debemos preguntarnos si, en este extremo, estamos haciendo las cosas bien, si estamos en la senda correcta, o si, por el contrario, tenemos el problema desenfocado en un aspecto primordial.

Vayamos al punto de partida. Es obvio que la calidad de los jueces va a depender, en principio y en grado extremo, del método seguido para su selección; se trata de escoger a los mejores, a los más aptos y cualificados para la tarea jurisdiccional. Pues bien, la revisión y puesta al día del sistema seguido actualmente para su designación – unas oposiciones consistentes exclusivamente en un recitado memorístico de conocimientos - es una tarea todavía pendiente en España. Ocurre que un sector del estamento judicial mayoritariamente continuista y obstinadamente inmovilista es reacio a la reforma de los procedimientos hasta ahora seguidos para el nombramiento de los jueces; para ello esgrimen un argumentario manido y macilento que se va repitiendo acríticamente de generación en generación, sin propósito de enmienda y sin percatarse de que el sistema derrota ya hacia un cierto folclorismo opositoril. Por causa de una inercia perezosa, acaso también interesada y ensoberbecida, se persevera en un régimen caduco, cavernario, carpetovetónico, irracional, sin parangón en Europa. Se me dirá: pues da buenos jueces. Sí, sin duda, así es a pesar del sistema. Pero no se ignore que en todo lanzamiento indiscriminado de la red a las aguas se allegan peces de calidad, pero otros se revelan absolutamente prescindibles y, en ocasiones, hasta desdeñables. De lo que se trata es de perfeccionar el procedimiento selectivo y hacerlo más atinado, aplicando criterios razonables y coherentes con los fines apetecidos. Pero eso, sencillamente, no ocurre.

Por otra parte, y al margen de que en esta materia hace tiempo que mira hacia otro lado, nos tropezamos con un Consejo General del Poder Judicial que ha venido focalizando todo su afán en un arquetipo de juez funcionario, burócrata, ponedor fecundo de sentencias, adicto a la estadística y al jubiloso cometido de «sacar papel», expresión odiosa donde las haya cuando se refiere al dictado de sentencias. Y ello porque una culpable desidia de sucesivos gobiernos ha permitido que los jueces se fuesen asfixiando bajo montañas de papel. De ahí que ahora el afán primero sea la exigencia de un maquinismo resolutivo, raudo, tributario de una estadística de escaparate. Por eso se entiende que con este paradigma de juez no se sienta urgencia alguna por afinar el sistema selectivo. Y así llevamos décadas aun a sabiendas de que este juez no es el que corresponde a un Estado social y democrático de derecho del siglo XXI.

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