La financiación del Noroeste

Hay debates que parecen eternos en la política española. La financiación autonómica es uno de ellos. El sistema está pendiente de revisión desde 2014. La propuesta que la anterior ministra de Hacienda presentó el 9 de enero de 2026 ha abierto el último episodio del proceso.

Los especialistas llevan años señalando los mismos cinco problemas: que el volumen global de recursos es insuficiente; que su reparto no sigue una regla clara y general, lo que genera sensación de arbitrariedad y agravio; que los gobiernos autonómicos disponen de una libertad muy limitada para subir o bajar sus impuestos; que los ciudadanos no entienden muy bien quién cobra qué y para qué; y que las cuentas autonómicas dificultan la estabilidad fiscal en España. Además, el andamiaje institucional sobre el que se asienta el sistema de financiación de régimen común y, en general, la gobernanza común de un Estado tan descentralizado como el nuestro, es débil. La Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera deberían ganar relevancia y recursos como espacio de cogobernanza: justo lo contrario a lo que hemos visto en los últimos tres años de desacuerdos y polémica.

Adicionalmente, no podemos ignorar sine die al elefante en la habitación. El País Vasco y Navarra recaudan y administran sus propios impuestos; y lo que pagan a la Administración central por los servicios que esta les presta y por la nivelación interterritorial está muy por debajo de lo que debería. De hecho, la brecha es enorme y tiende a crecer. Con un esfuerzo similar o incluso inferior al del resto, estos territorios cuentan con bastante más dinero por habitante. Mientras eso no se corrija, cualquier conversación sobre igualdad territorial tendrá un vacío en el centro.

La propuesta del Gobierno central contiene elementos positivos. Abandona el camino que apuntaba el acuerdo entre el PSOE-PSC y ERC en 2024, cuya literalidad sonaba tan próxima al sistema foral, de naturaleza confederal, para volver a la lógica de un sistema común para todas las comunidades y de inspiración federal. Además, pone sobre la mesa un volumen importante de recursos adicionales y mejora la situación de las comunidades más castigadas por el modelo actual. La Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha llevan décadas recibiendo menos de lo que les correspondía, y eso cambia. Finalmente, se simplifica el modelo, al eliminar algunos fondos secundarios de lógica compleja y efectos sorprendentes, y se intenta corregir la distorsión que supone el sistema de anticipos e ingresos a cuenta actual, que retrasa hasta dos años la liquidación de los ejercicios.

En sentido contrario, aparecen piezas nuevas que complican el cuadro. El fondo climático reparte dinero sin un análisis previo riguroso de qué territorios lo necesitan y para qué, y sin condicionar su uso a la función pretendida. El tramo de IVA para pequeñas empresas es un mecanismo voluntario del que una sola autonomía, Cataluña, captaría tres cuartas partes de los recursos. Sin duda, la solución del IVA colegiado, propuesta en el Libro blanco de reforma de la financiación autonómica publicado en 2017, sería superior en términos de autonomía colectiva del nivel autonómico de gobierno, y sería extensible a los impuestos especiales. Además, entre las comunidades que salen mejor paradas en términos relativos no solo están las que hoy están peor financiadas en la actualidad, sino también las más ricas: Cataluña, Madrid y Baleares. Esto ocurre porque la propuesta refuerza la idea de que quien más recauda en impuestos debe quedarse con una porción mayor del pastel. Si ese principio se consolida, el noroeste tiene un problema serio.

Galicia, Asturias y Castilla y León forman un bloque natural. Las tres comparten una capacidad fiscal por debajo de la media, pero necesitan gastar más por habitante porque sus ciudadanos son, en promedio, de mayor edad y viven más dispersos. En Galicia y Asturias, la dispersión de la población encarece la sanidad, educación y servicios sociales. En Castilla y León, una superficie equivalente a la de Portugal, con docenas de pequeñas ciudades separadas entre sí, genera sobrecostes frente a territorios más compactos. No es un problema de mala gestión: es geografía y demografía.

Las simulaciones del laboratorio de políticas públicas EconLabGalicia, radicado en la Universidade de Santiago de Compostela, muestran que las tres comunidades del noroeste se sitúan entre las que menos ganan en términos por habitante con el nuevo modelo. Frente a una media de 256 euros por habitante, Galicia se quedaría en 100 y Asturias y Castilla y León no alcanzarían los 50 euros. Inexorablemente, si el criterio de capacidad recaudatoria gana peso en el reparto final, esa posición relativa tenderá a empeorar.

Por consiguiente, el mensaje para la negociación es claro. La reforma debe mantener como principio central la idea de que todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad similar. Para ello, el sistema debe seguir distribuyendo los recursos en función, esencialmente, del coste de prestar esos servicios en cada territorio, y no de cuántos impuestos recauda cada comunidad. Cambiar este principio, con sólido anclaje constitucional, debería exigir el respaldo de una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados.

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