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Opinión | Editorial

El Gobierno se pone de perfil con la ciencia en Vigo

Vista exterior de las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía ( IEO ) en Cabo Estai, en Vigo

Vista exterior de las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía ( IEO ) en Cabo Estai, en Vigo / Marta G. Brea

Aunque es un refrán popular, el aforismo obras son amores también da nombre a una comedia del genial Lope de Vega. «Quejosos estamos todos / porque es justa presunción […] que obras, señor, son amores / que buenas razones no». Por extemporáneo que pueda resultar, esta sentencia de comienzos del siglo XVIII –y el hecho de que hilvane una comedia teatral– encaja sin forzamientos con la realidad de la ciencia en Vigo y la acción proactiva que se le presupone a las administraciones públicas, particularmente a la estatal.

Esa misma administración que no escatima proclamas sobre su «apuesta por la investigación» –nos vemos obligados a entrecomillar para no caer en la asimilación–, pero que tiene al complejo del Instituto Nacional de Oceanografía (IEO) de Cabo Estai en situación ruinosa, con la inspección técnica de edificaciones suspendida desde el año 2014 y cuyo personal cualificado ha de usar casco para poder acceder a la nave de cultivos porque es peligroso y le caen cascotes. La infraestructura está en idéntico estado deplorable, si no peor, que cuando recibió la visita del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en noviembre de 2024, para anunciar el proyecto de reforma. «El Gobierno de España está apostado claramente por la ciencia y la tecnología», exhortó entonces, antes de abundar que los investigadores del centro vigués «son referentes a nivel europeo en áreas como el estudio de contaminantes marinos, la acuicultura o la investigación de especies marinas». Cabe preguntarse cómo los tendría el Ministerio si no fueran tan excelentes, porque lo cierto es que, desde aquel paseo por las instalaciones, no han hecho absolutamente nada. El uso del casco es obligatorio desde octubre de 2022; el edificio de cultivos tiene la licencia aprobada por el Concello desde el pasado mes de octubre.

Esta misma semana, como informó FARO, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha lanzado la licitación para construir una construcción modular donde ubicar temporalmente los trabajos en los tanques de acuicultura en tanto no se derriba la nave actual y levanta una nueva. Y, mediante una respuesta remitida al Senado, el Gobierno ha atribuido la «demora» a cuestiones burocráticas, desde la «obtención de las preceptivas licencias, la presentación de recursos a los procesos de licitación y los requerimientos técnicos y correcciones de proyectos aflorados en el avance de los trabajos». Todos conocemos y sufrimos la desquiciante tramitación administrativa. Pero, ¿en serio? ¿Tres años y medio usando casco, con un edificio en «estado peligroso» pese a ser «referencia europea»?

«En toda esta situación calamitosa siempre susceptible de empeorar, sorprende, cuando no descorazona, el silencio de los propios investigadores que son las primeras víctimas del deterioro de las condiciones de su lugar de trabajo. La capacidad movilizadora que en su día exhibieron para reclamar mejoras salariales contrasta con su pasividad o desinterés para defender otros intereses menos crematísticos, menos personales, pero igual de importantes»

En efecto, y no gracias a la versatilidad y modernidad de los edificios en los que se desempeña, la ciencia que se desarrolla en Vigo ha sido y es líder, disruptiva, de referencia e innovadora. Y lo es a pesar de los bofetones que ha recibido y tras los que, una y otra vez, sigue alternando mejillas ante el sonrojante silencio de los propios profesionales y las instituciones de investigación. Sus quejas, las escasísimas que ha habido, han sido anónimas.

Podemos recordar la tremebunda farsa que se creó, con la popular Isabel García Tejerina al frente del Ministerio de Agricultura y Pesca, cuando rechazó pedir para Galicia el laboratorio comunitario de referencia para los contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos, que FARO destapó en 2017. Un laboratorio que abandonaba Reino Unido por el Brexit –antes estaba en el Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)–, que la Xunta aseguró estar peleando cuando en Bruselas llevaba meses descartada su relocalización con el silencio cómplice de Madrid. Nadie había movido un papel en favor de Vigo, que contaba ya con el Laboratorio Europeo de Referencia de Biotoxinas Marinas. Tampoco por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), con base en Vilagarcía de Arousa.

O cómo, en el año 2022, el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación desmembró el IEO adjudicando las sedes de Pesquerías y Acuicultura a Cantabria y Murcia, respectivamente, dejando la de Medio Marino en la capital española y descartando, de paso, que la anunciadísima descentralización de la administración pública permitiría a la ciudad contar con la dirección nacional del propio IEO. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que, como contrapartida, bastaba con la celebración en la ciudad de un foro de cuatro horas, la Mesa de la Ciencia Pesquera, que no ha alcanzado en sus cuatro ediciones la relevancia de otros simposios similares.

De nada sirvió entonces que hubieran sido los investigadores de Vigo los artífices de haber logrado un «hito científico internacional» al conseguir la reproducción de pulpos tras más de veinte años de investigación, o de haber conseguido la transferencia efectiva de los cultivos de rodaballo o mero. Y de nada sirvió entonces, y de nada está sirviendo ahora, un trato que corresponda a la ciudad líder mundial en la construcción de buques oceanográficos, en la descarga de pesca congelada o que acoja en su área de influencia una de las mayores densidades de industrias elaboradoras de productos del mar del mundo, si acaso solo superada por algún territorio chino. Porque el Campus do Mar continúa siendo una enumeración de bocetos, de plazos y fechas, 16 años después de que se anunciara para la ETEA el «mayor campus europeo de investigación marina» con el traslado de 2.700 investigadores.

Entretanto, entre un Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) saturado e incapaz de adaptarse a las nuevas necesidades técnicas y de personal o un Centro Oceanográfico de Vigo (COV) que se cae literalmente a pedazos, la administración pública persevera en su discurso autorreivindicación, dando la espalda a una ciencia a la que agrede cada vez que pregona lo que hará y no cumple.

En toda esta situación calamitosa siempre susceptible de empeorar, sorprende, cuando no descorazona, el silencio de los propios investigadores que son las primeras víctimas del deterioro de las condiciones de su lugar de trabajo. La capacidad movilizadora que en su día exhibieron para reclamar mejoras salariales contrasta con su pasividad o desinterés para defender otros intereses menos crematísticos, menos personales, pero igual de importantes. Frente a su incomprensible desidia, desde FARO, sin embargo, seguiremos exigiendo a las administraciones que cumplan con lo que tantas veces han comprometido de forma pública y que sistemáticamente han incumplido. Porque nosotros sí creemos que «obras son amores».

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