Derribar el muro de la burocracia

En el arranque de los 90, recién aterrizado como presidente de la Xunta, Manuel Fraga lanzó una novedosa propuesta: la ventanilla única. Su iniciativa sorprendió a no pocos: que fuese precisamente un político con una notable carrera durante el régimen franquista quien se atreviese a proponer una descentralización de la Administración del Estado para adaptarla a la nueva realidad autonómica. Su ventanilla única aspiraba también a simplificar la burocracia y modernizar las estructuras administrativas para hacerlas más modernas y eficientes.

Recientemente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba una nueva Ley de Administración Local. El propósito: simplificar la burocracia y activar una administración más eficiente, digital y transparente. En resumen, modernizarla para adaptarla a las nuevas necesidades.

Estas dos iniciativas, separadas en el tiempo por más de 35 años pero que comparten un mismo espíritu y similares objetivos, explican con precisión el estado de la cuestión. La burocracia es un problema que no ha dejado de crecer con el paso del tiempo, pese a que los instrumentos de que disponemos hoy son infinitamente más poderosos y eficaces que hace décadas, cuando un ordenador —entonces verdaderos armatostes— estaba en manos de unos pocos elegidos.

El compromiso de la digitalización no ha aliviado la carga que soportan los ciudadanos en su vida diaria, los profesionales y las empresas. Todos chocan contra ese muro tan invisible como impenetrable, edificado sobre papeleo, trámites, normas y requisitos. Un cuello de botella que causa desesperación, incomprensión y rabia, y en no pocas ocasiones frustra proyectos individuales y colectivos.

Porque el impacto de la burocracia se extiende a todos los órdenes de la vida, a todos los sectores económicos y profesionales. En la educación, por ejemplo, los profesores denuncian que la abrumadora carga administrativa (informes, planes, memorias, protocolos, solicitudes...) es una de las principales causas del estrés; en sanidad, algunos estudios calculan que los profesionales pueden dedicar hasta un 30% de su jornada a cubrir papeles; en dependencia y discapacidad, los trámites son infinitos y el tiempo de espera, en ocasiones, letal; en el ámbito de la I+D+i, los investigadores se quejan de forma constante de la cantidad de requisitos y documentos que deben cumplimentar para optar a una ayuda, una beca o incluso para presentar un proyecto; en la construcción, la concesión de licencias puede demorarse hasta dos años, con el consiguiente encarecimiento de la obra (que recaerá sobre el precio que pagará el comprador) o la pérdida de la inversión... En fin, cualquier pequeña empresa que desee concurrir por una ayuda pública sabe que tiene dos opciones: o contratar firmas especializadas o asesorías que desbrocen todo el terreno hasta llegar al final del trayecto o... rendirse a la evidencia: el muro de la burocracia es demasiado alto y compacto para superarlo.

Y la dimensión del problema no ha dejado de crecer sin que nadie le haya puesto remedio. La superproducción de leyes, reglamentos y normas, improvisadas y en ocasiones caóticas y contradictorias, es insufrible. Este fenómeno que se ha dado en llamar «diarrea normativa» sigue desbocado. Un estudio reciente cifraba en 364.000 las normas aprobadas en España en la democracia. Más de veinte normas nuevas por día. Un horror.

El fenómeno no es, por descontado, doméstico. Los informes que Mario Draghi y Enrico Letta enviaron a la Comisión Europea incluían como prioritaria la necesidad de reducir entre un 25% y un 30% la burocracia para levantar un freno económico endémico. Esa simplificación tendría efectos beneficiosos inmediatos, aunque en el caso de España nadie se ha atrevido todavía a pronosticar. Pero sirva como referencia el ejemplo alemán. En este país se cifra en 146.000 millones anuales el impacto de la sobrerregulación. Precisamente en Alemania el Gobierno ha implementado un ambicioso proceso de desregulación. Veremos qué consigue.

Pese a las continuas promesas —recogidas en programas electorales— de reducir a la mínima expresión la burocracia, los ciudadanos, los colectivos profesionales y los actores económicos siguen perdidos en un laberinto administrativo, una suerte de jardín versallesco en el que es imposible encontrar la puerta de salida.

Los defensores de este sistema, que los hay, suelen apelar a la necesidad del control, la seguridad jurídica, la protección de los derechos del ciudadano y del bien común; a la lucha contra el fraude y la corrupción; o a poner límites y orden para no caer en la ley de la selva, en donde el más fuerte, el más poderoso, siempre lleva las de ganar. La burocracia, en este sentido, desempeñaría un rol de contrapeso igualitario. Estas voces son las mismas que alertan contra la amenaza de las fuerzas ultras o anarcoliberales que bajo el desafío de reducir la burocracia solo pretenden desmantelar el Estado social, dejarlo en los huesos y que sea la iniciativa privada la que marque el signo de los tiempos.

La solución nunca suele estar en los extremos: ni en el vacío y la libertad absoluta ni en la hiperregulación, esa necesidad de que una autorización necesite «mil requisitos y cien firmas» (una estratagema que permite al funcionario diluir su responsabilidad en caso de que algo salga mal). Se trata de aplicar el sentido común: de que las administraciones estén conectadas y coordinadas, compartiendo información; de que los ciudadanos no tengan que aportar constantemente datos que ya están registrados por duplicado y triplicado en las bases oficiales; de que los requisitos que se exigen estén escritos en un lenguaje claro y entendible, no en un sánscrito administrativo que aturde e indigna; de que en los casos de bajo riesgo la revisión se realice ex post y no esté sujeto a un tedioso control ex ante; que el silencio administrativo sea real; que la inteligencia artificial desarrolle su potencial en tareas repetitivas, automáticas, rutinarias... Cuánto margen hay de mejora.

En tiempos en los que la democracia liberal está sometida a tantos ataques; en los que la politización y la polarización contaminan toda conversación ciudadana... en estos tiempos nuestros gobernantes tienden a olvidar un principio esencial: que uno de los mejores criterios para medir la calidad democrática es ver cómo se gestiona todo lo público. Y, a la vista del brutal impacto de la burocracia, esta asignatura está muy suspensa. Lamentablemente, estamos más cerca del «vuelva usted mañana» del Larra de finales del siglo XIX que de dar una respuesta real a las exigencias del siglo XXI.