La desclasificación

La apertura de los documentos del intento de golpe del 23-F plantea menos interrogantes sobre el pasado que sobre el uso político de la memoria y los límites reales de la transparencia institucional.

Presentada como una forma de «saldar una deuda con la ciudadanía», la desclasificación era una tarea pendiente y, en sí misma, una decisión saludable. Pero la forma elegida y su alcance obligan a preguntarse por qué ahora y por qué se ha hecho sin impulsar el proyecto de Ley de Información Clasificada —en el cajón— que debería sustituir a la vetusta Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún vigente y sin plazos automáticos.

España sigue gestionando sus silencios con una norma anterior a la Constitución, una anomalía poco compatible con una democracia asentada. De ahí la cuestión de fondo: ¿transparencia plena o memoria administrada? Un Estado sólido no protege su legitimidad ocultando papeles; la refuerza permitiendo que se lean.

El anuncio no se hizo en sede parlamentaria, sino en una red social, envuelto en un lema irrebatible: «La memoria no puede estar bajo llave». Que 45 años después sigamos discutiendo si debemos conocer esos documentos no habla tanto del pasado como de nuestra seguridad democrática. Un país seguro no teme a sus archivos. Si hay temor, rara vez es a la verdad: suele ser al retrato que deja.

Lo que incomoda no es abrir los papeles, sino que dejen de ser patrimonio sentimental de unos pocos para convertirse en patrimonio documental de todos. La historia pierde así su función de refugio moral y se vuelve un territorio verificable, sometido al escrutinio público y no al recuerdo interesado. Ese es el riesgo de una transparencia selectiva.

En ese contexto, el debate se ha desplazado hacia las intenciones y el momento elegido. La pregunta inevitable es por qué ahora. Algunos interpretan la medida como un intento de erosionar consensos fundacionales de la Transición; otros, como una operación de relato destinada a desplazar el foco hacia el pasado cuando el presente incomoda. Probablemente haya menos épica y más cálculo: los gobiernos no actúan como archiveros neutrales, sino como gestores de oportunidad.

Existe además un límite jurídico claro: el Consejo de Ministros solo puede levantar el secreto de lo que él mismo declaró secreto. Muchos documentos del 23-F —incluido el sumario judicial— dependen de otras instancias. La imagen de un archivo único abriéndose pertenece más a la ficción administrativa que a la realidad institucional. La desclasificación, por tanto, será necesariamente parcial, incluso aunque se presente como total.

Tampoco es irrelevante el calendario biológico: la mayoría de los protagonistas directos —Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Sabino Fernández Campo, Santiago Carrillo— ya no pueden hablar. La historia se vuelve más manejable cuando sus testigos desaparecen y la responsabilidad se diluye entre interpretaciones posteriores.

Nada de esto invalida la desclasificación. Pero tampoco obliga a la ingenuidad. Los ciudadanos no viven de archivos desclasificados, sino de salarios dignos, viviendas accesibles y servicios públicos que funcionen. Revisar el 23-F puede ser útil; resolver lo urgente es imprescindible. Cuando la agenda política se llena de pasado, suele ser porque el presente ofrece menos resultados que explicaciones.

Si la transparencia es un principio y no un recurso retórico, debería aplicarse sin excepción a acuerdos, decisiones estratégicas y negociaciones sensibles. La luz selectiva no es luz: es escenografía, una iluminación dirigida que deja amplias zonas en penumbra.

Conviene recordar además el contexto de aquellos años. En los meses previos al golpe, ETA asesinaba a militares y guardias civiles con una frecuencia casi semanal. La democracia naciente vivía bajo una presión violenta constante, con crisis económica, inestabilidad política y un malestar militar acumulado. No justifica nada, pero ayuda a entender el clima en que se produjo la asonada.

La desclasificación va a servir para inutilizar el intento fallido de golpe de Estado en la narrativa del éxito de la Transición, la que comportó la reconciliación de los españoles. Queda así en cuestión el prestigio internacional del proceso y el propio orgullo de la sociedad española.

El tendido al sol de los papeles ha servido también para desmontar el intento de implicar al monarca, con una seguridad inversamente proporcional a la evidencia. El golpe se produjo en una coyuntura explosiva: crisis económica, terrorismo persistente, desgaste político de Suárez y malestar militar acumulado.

En este marco de interpretaciones contrapuestas, si se trataba de desplazar el foco hacia la Corona, la conversación pública no lo respalda y existe una coincidencia amplia en que las dudas sobre el papel del rey —siempre presentes, aunque nunca concluyentes— han resultado infundadas. La desclasificación refuerza la constatación de su lealtad a la Constitución frente a los golpistas y en defensa de la democracia.

Desclasificar es positivo. Lo discutible no es el gesto, sino su alcance y su oportunidad. La transparencia auténtica no consiste en abrir un archivo concreto, sino en establecer reglas permanentes que impidan decidir según conveniencia política qué se conoce y qué permanece oculto.

Si la transparencia fortalece la democracia, debe aplicarse con igual rigor a la gestión actual. La transparencia retrospectiva no puede sustituir a la rendición de cuentas presente ni convertirse en una cortina que oculte zonas de sombra contemporáneas.

Y ahí se concentran las exigencias: la gestión de la pandemia, el Sahara, Adamuz, la dana, el apagón, los viajes oficiales o los acuerdos internacionales controvertidos.

Porque un Estado fuerte no teme a sus archivos: teme a su propia arbitrariedad. Cuando la transparencia depende del calendario político, deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en un instrumento de poder.